Por Rocío Cereijo

A dieciocho días del fin de su gobierno, el presidente Mauricio Macri derogó, mediante el Decreto 785/2019, la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. La medida había sido publicada en el Boletín Oficial el pasado 19 de noviembre bajo la Resolución 3158/2019, con la firma de su secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien renunció tras este revés. 

En el escrito publicado se acusa al secretario de Salud de no «consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas». Entre otros puntos, también se señala que no intervinieron organismos competentes como los de Niñez, Adolescencia y Familia; la Agencia Federal de Discapacidad y el Instituto Nacional de la Mujer.

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La derogación que evidencia las internas del gobierno saliente y pone en peligro el funcionamiento de un área clave también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Cabe recordar que Macri eliminó diez ministerios el año pasado, entre los que se encontraba el de Salud, y la Secretaría depende de la ministra macrista

Rubinstein explicó en su carta de renuncia que la actualización del protocolo estaba «destinada a los médicos y a los equipos de salud para darles certeza y protección en la realización de los procedimientos que deben realizar para garantizar los derechos que están consagrados en nuestro Código Penal y refendados por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Además, el ex secretario de Salud explicó que su intención fue responder a la necesidad de adaptar la normativa al Código Civil y Comercial de 2015 y a la Resolución 65/2015 del entonces Ministerio de Salud, acorde a las recomendaciones internacionales de uso de medicamentos y procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo en las personas gestantes.

Stanley había anunciado la eliminación de la resolución por considerar que se trató de «una decisión inconsulta» y porque «debe tener trámite legislativo». Sus declaraciones fueron apoyadas la mayoría de las bancadas del PRO y rechazadas por sectores del radicalismo que reclamaron por la continuidad de Rubinstein. La crisis dentro de la futura oposición puede tener sus repercusiones en las distintas legislaturas nacionales y provinciales.

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El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical se había pronunciado contra la posible derogación, y el bloque de diputados nacionales solicitó al presidente en un comunicado «que sostenga la resolución entendiendo que estas acciones deben enmarcarse en una política pública con perspectiva federal de aplicación articulada en todo el territorio nacional».

Sin embargo, también referentes del PRO se expresaron contra la decisión de Macri, Peña y Stanley. La diputada nacional de la bancada oficialista, Silvia Lospenatto, dijo: «Creo que revocar la resolución es la peor decisión. Si fue inconsulta, si no siguió los procedimientos internos, hay que sancionar o repudiar el procedimiento, pero no la norma que es excelente. La progresividad en los derechos es la regla, siempre». 

El protocolo incorporaba las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo (dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina) y establecía los plazos que se deben seguir en la atención primaria, integral y en la práctica. Es decir, se trataba de una actualización del derecho que rige en la Argentina desde 1921.