Por Rocío Cereijo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), continúa sin reconocer el golpe de Estado en Bolivia, pero expresó «su enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones». Además, solicitó «una visita inmediata» del 22 al 25 de noviembre «con el objeto de observar la situación de derechos humanos en el país».

El viernes pasado, el organismo repudió los asesinatos de cinco personas asesinadas en Cochabamba a los que calificó como producto del «uso desproporcionado de la fuerza policial y militar». En un comunicado apuntaron a condenar el uso de las armas de fuego, sostuvieron que «deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales» y le recordaron al Estado «su obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente».

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La CIDH instó a la autoproclamada presidenta boliviana, Jeanine Añez Chavez, a «tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos». Asimismo, llamaron a construir una salida constitucional al golpe de Estado al que calificaron como «crisis política e institucional».

Desde el 20 de octubre al menos 23 personas perdieron la vida, hubo más de setecientos heridos y otras 624 personas habrían sido detenidas. Desde el inicio de la anunciada acción combinada entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas 9 muertes ocurrieron en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, donde 122 personas quedaron heridas en contexto de represión a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. 

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Respecto de las violaciones al derecho humano a la información, desde la CIDH, manifestaron su preocupación ante «amenazas para el cierre de canales de televisión; retención de funcionarios; quema de instalaciones de radios; y presiones contra los trabajadores de la prensa» y expresaron: «Los ataques contra periodistas violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva».

Además, manifestaron su rechazo al contenido del Decreto Supremo Nº 4078 respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas por ir contra los estándares Interamericanos que sostienen que es deber del Estado limitar al máximo su uso para el control de disturbios internos, debido a que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

Finalmente, la CIDH advirtió que el 12 de noviembre el bloque minoritario del Senado convocó y votó sin el quórum requerido para elegir a la representante del cuerpo legislativo «que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su reclamo». Por este motivo, hablaron de la urgencia en «instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para nombrar a los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días, para que se alcance una solución constitucionalmente válida».