El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, convocó a nuevas elecciones presidenciales. El mandatario boliviano tomó esa decisión en el marco de la creciente violencia desatada por la oposición de extrema derecha que se niega a reconocer los resultados de las elecciones del 20 de octubre.

El presidente Morales anunció: «He decidido renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y convocar a nuevas elecciones generales».

En octubre pasado, Morales fue reelecto para el período 2020-2025, con el 47% de los votos, y en segundo lugar se colocó el exmandatario Carlos Mesa, con el 36%.

La Constitución boliviana plantea que hay dos formas de ganar las elecciones presidenciales: la primera es si uno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos; la segunda es si el candidato que obtiene el primer lugar supera el 40% de votos y queda con más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo (este último caso es el que cumplió en las elecciones recientes).

Las elecciones bolivianas contaron con cientos de veedores internacionales y el sistema electoral pasó por varias auditorías previas. A pesar de ello, los sectores de extrema derecha anunciaron que en caso de que Evo Morales resultara ganador desconocerían los resultados.

Mesa y otros sectores de la oposición reclamaron que se realice un balotaje y denunciaron fraude, aunque nunca presentaron una sola prueba de que haya sido así.

Morales convocó a una auditoría de los resultados electorales encabezada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió a la oposición que participe de ella. La oposición se negó y los sectores más radicalizados encabezados por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, comenzaron a pedir la renuncia del presidente Morales.

Camacho y sus seguidores desataron la etapa violenta del golpe de Estado contra el gobierno de Morales. Los grupos de extrema derecha comenzaron a realizar ataques de carácter fascista y racista contra todo aquel que «identificaran» como seguidor del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS).

La Policía se amotinó, se autoacuarteló y las Fuerzas Armadas se negaron a intervenir. Los grupos de derecha atacaron los medios de comunicación estatales. El gobierno denunció la complicidad del Departamento de Estado de Estados Unidos y de militares retirados en el golpe.

Para calmar la violencia, el presidente Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones y un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE).