Por Rocío Cereijo

En los cuatro años de gestión de Mauricio Macri se registraron graves retrocesos en materia de juzgamiento a genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. El discurso negacionista del gobierno nacional respecto del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio desplegado en el contexto dictatorial se tradujo en varios fallos judiciales. El aumento de represores puestos en libertad y del beneficio de las prisiones domiciliarias junto a las demoras en las instancias de juicio son algunos de los principales retrocesos.

Entre las declaraciones negacionistas de los funcionarios públicos del gobierno que se pueden rememorar se destacan la del propio presidente, quien relativizó la cifra de los 30.000 detenidos en una entrevista brindada al medio BuzzFeed. El ex secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y el ex director general de la Dirección nacional de Aduanas y ex vicepresidente del Banco Nación, José Gómez Centurión, también cuestionaron las estimaciones aceptadas del número de víctimas. 

Sin la intención de detenernos en este punto, vale aclarar que ningún genocidio puede contar con un número definitivo de víctimas, y una de las características que tuvo la última dictadura argentina fue su carácter clandestino. Esta particularidad, junto al pacto de silencio de los partícipes de estos crímenes y sus cómplices, es la que permite la perpetuidad de estos crímenes y que, por ejemplo, aún más de cuatrocientas personas desconozcan su verdadera identidad luego de haber sido apropiadas durante este período. 

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La Procuraduría de crímenes contra la humanidad (PCCH), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), dio cuenta de los retrocesos en los avances de los juzgamientos a los genocidas con datos relevados hasta mitad del corriente año. De un total de 974 detenidos, el 67% (649 represores) recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, el 25% se encuentra en cárceles (248 represores) y el 8% (77 represores) recibe tratos preferenciales en la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo o en dependencias de fuerzas de seguridad federales o provinciales.

De un total de 974 detenidos, el 67% (649 represores) recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

Pero, además, se registró un crecimiento significativo de los genocidas puestos en libertad desde 2015. En el año de asunción del gobierno de Cambiemos, 791 personas juzgadas por estos crímenes habían sido liberadas. Para junio de 2019, esa cifra se elevó a 1.459. Vale destacar que estos números no tienen en cuenta los veredictos con graves retrocesos, como el de Bahía Blanca de agosto de 2019 en el que se investigaron los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de Prefectura Naval en White y en la Base Naval Puerto Belgrano de la localidad de Punta Alta. 

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Uno de los hechos denunciados por la querella y el MPF en esta instancia judicial al cual los jueces Luis Roberto Salas, Marcos Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albrieu tampoco hicieron lugar fueron los delitos sexuales cometidos por las Fuerzas Armadas. Sobre este punto es importante destacar que apenas el 12% de las 226 causas sentenciadas identifican los delitos sexuales de manera autónoma. Según los datos de la PCCH, de las 915 personas que fueron condenadas, solamente 94 fueron señaladas como responsables de delitos de violencia sexual. Se juzgaron estos crímenes en dieciocho secciones judiciales, donde se investigaron los casos de 96 víctimas.