El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) impide el ingreso a la Unidad Nº 33 de Los Hornos a los hijos de las detenidas, a pesar de contar con pabellones destinados al alojamiento de internas embarazadas y madres con niños de hasta cuatro años. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificó esta decisión como «arbitraria» e «ilegal» y presentó un habeas corpus colectivo para revertir la situación.

De veintiún pedidos de ingreso en el transcurso de 2019 fueron habilitados dos, y por ello desde la CPM advirtieron que es necesario que «se preserve la permanencia de niños y niñas con sus madres privadas de libertad y se revisen las actuaciones del OPNyA». Además, desde el organismo de derechos humanos reiteraron el pedido de otorgamiento de arresto domiciliario para todos estos casos.

la CPM pidió que «se preserve la permanencia de niños y niñas con sus madres privadas de libertad y se revisen las actuaciones del OPNyA».

El OPNyA depende del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y tomó la decisión de no permitir el ingreso a este espacio de encierro a los hijos de las mujeres allí detenidas. Por ello, a partir de la Ley nacional 26.827, que crea un mecanismo nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la CPM se presentó ante la Justicia.

La presentación del habeas corpus colectivo correctivo a favor de todas las mujeres alojadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y de sus hijas/os se realizó en el Juzgado de Familia Nº 8 de La Plata. En el escrito se da cuenta de otros tres casos relevados de los que surgen «distintas situaciones de hostigamiento, amedrentamiento y amenazas sobre las madres, forzándolas a aceptar estas medidas».

«La decisión del OPNyA es una vulneración grave de los derechos consagrados en la Convención de derechos de les niñez y la normativa vigente, que devienen en agravamientos de las condiciones de detención de las mujeres allí alojadas y de sus hijas/os que no pueden convivir con ellas», expresaron desde la CPM. Asimismo, los integrantes plantearon que la medida más adecuada para estos casos es la excarcelación o arresto domiciliario de las madres detenidas.

En relación con el punto anterior, destacaron que la posibilidad de que los hijos de las personas detenidas permanezcan en las unidades carcelarias es otra alternativa legal a fin de preservar «el contacto con sus madres» y evitar «la inmediata interrupción del vínculo familiar». Sin embargo, también repudiaron la intervención irregular del organismo y el incumplimiento del Acta de Intención de diciembre de 2018 con la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires para el abordaje de estos casos.

«El único resultado ha sido la separación de las/os niñas/os menores de cuatro años de sus madres, en muchos casos bebés recién nacidos», dijeron desde la CPM. Además, expresaron que «nunca se habilitó un dispositivo de escucha que incorpore la opinión de estas madres, como tampoco se les fue informada la decisión adoptada por el OPNyA, generando angustia y desesperación en ellas».

Entre los casos señalados en el escrito, describieron el de una mujer detenida en la UP 33 de Los Hornos que parió una bebé en el Hospital San Martín que permaneció internada en neonatología por un cuadro de ictericia. El OPNyA decidió buscar al padre de la niña para entregársela, aunque él estaba de acuerdo con que se quedara con la mamá. Finalmente la situación fue resuelta por el Juzgado de Ejecución Nº 1 de Lomas de Zamora, que resolvió conceder la prisión domiciliaria a la mujer basándose en el interés superior de la niña.

El habeas corpus interpuesto por la CPM fue rechazado por el juzgado interviniente en su carácter correctivo, aunque dispuso que el OPNyA resuelva en un término de cinco días uno de los casos planteados y que elabore junto al SPB un protocolo de actuación que tenga como primordial objetivo el interés superior los niños y contemple los derechos reconocidos a las mujeres privadas de la libertad.