En una nueva sesión del Concejo Deliberante de La Plata donde hubo algunas chicanas por la elección del pasado domingo, el concejal Norberto Gómez solicitó un informe en relación con la modificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). La medida surge a partir de un decreto del Poder Ejecutivo municipal, a cargo de Julio Garro, que impone modificaciones estructurales a la planificación urbana. Cabe destacar que los ediles del bloque del Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana (FpV-UC) también denunciaron en la presentación el mecanismo mediante el cual se realizaron estos cambios.

Los fundamentos de los concejales del FpV-UC expresados en la iniciativa son que la «modificación estructural del COUT» aplicada por decisión unidireccional impone «nuevas restricciones a distintas calles de la ciudad, ampliaciones sustanciales al área urbana del partido y la regularización de condominios en el área complementaria, desconociendo la normativa provincial vigente en la materia que impone su tratamiento y aprobación mediante ordenanza y que sea convalidada por la autoridad provincial».

Norberto Gómez repudió que el decreto se haya realizado «a puertas cerradas» y con «dos o tres aplaudidores», y se quejó ante las dificultades que tuvo para acceder al escrito. «Intentar modificar una ordenanza por decreto es ilegal», justificó, y habló de la necesidad de tomar este tipo de decisiones de manera colectiva en el recinto municipal. «Pasar una zona rural a una zona de esparcimiento o residencial debe ser reglamentado por el Concejo Deliberante», explicó, y agregó que no pueden pasar por alto este accionar.

NORBERTO GÓMEZ: «PASAR UNA ZONA RURAL A UNA ZONA DE ESPARCIMIENTO O RESIDENCIAL DEBE SER REGLAMENTADO POR EL CONCEJO DELIBERANTE».

Además, agregó que se topó «con este proyecto que habla de un plan estratégico que desconocemos: ¿Qué plan estratégico? ¿En qué momento presentó el intendente de La Plata el plan estratégico?». Finalmente, el edil lo caratuló como una «falta de respeto» hacia el cuerpo legislativo y concluyó: «Lo más triste de esto es que en el último artículo dice que el presente decreto será refrendado por el área que corresponda, lo que implica que no sea tratado por el Concejo Deliberante».

«ESTE PROYECTO HABLA DE UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DESCONOCEMOS: ¿QUÉ PLAN ESTRATÉGICO? ¿EN QUÉ MOMENTO PRESENTÓ EL INTENDENTE DE LA PLATA EL PLAN ESTRATÉGICO?»

Su compañera, Tolosa Paz, solicitó al Departamento Ejecutivo la nulidad y convocó a trabajar de manera conjunta con los diferentes sectores afectados por la presentación de Garro. Además, relacionó la celeridad en la firma de esta medida con las elecciones del domingo pasado, dado que fue impulsada a principios de octubre. «En la premura, el intendente se apura a tomar una decisión que debe ser discutida por los concejales. Firmó un decreto modificando áreas sensibles de la ciudad», sostuvo la edil, y convocó a discutir de forma conjunta con los sectores afectados por la medida.

La demanda solicita que se informe si las Direcciones General de Planeamiento, Transporte y Obras Particulares y las Subsecretarías de Planificación estratégica y de Obras Públicas e Hidráulicas han realizado informes técnicos; si intervinieron la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial bonaerense y la Dirección provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas y la Autoridad del Agua provincial, y si llevó adelante acciones el Consejo Único de Ordenamiento Territorial. Además, pide que se dé cuenta del estado de avance del Plan Estratégico 2030 que se menciona en el texto de modificación de Garro.

La ordenanza 10.703 (COUT) tiene como principal fin el ordenamiento territorial y la gestión urbana, a partir del establecimiento de las facultades urbanísticas que se autorizan en La Plata «sobre los bienes inmuebles y el ejercicio de la propiedad del suelo con sujeción al interés general, urbano y ambiental, de la comunidad», según se establece en su primer artículo. La preocupación de Gómez, Ana Herrán Castagneto, Gastón Castagneto, Victoria Tolosa Paz y Cristian Vander se centra en el impacto ambiental que podrían introducir estas modificaciones.

Entre los puntos abordados en la presentación, sostuvieron que «no se ha cumplido ni con la instancia de participación, ni con la instancia de acceso a la información pública» que modificó el intendente platense por decreto. En su artículo 348 se establece que está garantizado «a toda persona interesada el libre acceso a los expedientes que tramitan en el Municipio referidos a los actos y normas urbanísticos que regula el Código».