Los astilleros públicos se oponen a la importación de un buque antártico hecho en Finlandia, mediante una operación de crédito público que le cuesta 195,5 millones de dólares al Estado, para la utilización de la Armada. Sostienen que podría construirse por menor valor en el país, lo que generaría trabajo de mano de obra local. Asimismo, la medida tomada a través del DNU 668/2019 publicado el 27 de septiembre de 2019 atenta contra la Ley 27.418 de promoción de la industria naval, sancionada en 2017, que apunta a impulsar el «desarrollo y crecimiento sustentable de la Industria Naval Argentina».

En particular, argumentan que la importación del buque de 125 metros de eslora viola el artículo 15 de la ley que defiende la producción nacional, que indica que cuando «un organismo o sociedad del Estado que perciba alguna forma de aporte o aval del Estado nacional cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se construirán en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine».

Especifica que cuando «el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval», creada en el marco de la ley.

Esa comisión es el lazo entre la industrial naval y el Poder Ejecutivo. Se encarga de asesorar al gobierno en todo lo que tenga que ver con la producción e investigación de la industrial naval. Está integrada por representantes de astilleros públicos y privados, cámaras empresarias, el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, sindicatos, la Asociación Argentina de Ingeniería Naval, los ministerios de Ciencia y Educación, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), la Armada y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

«Esa comisión asesora establece que si hay capacidad para hacer el buque en el país, se tiene que hacer en el país. El gobierno no puede ignorarlo», dijo a Contexto Diego Seimandi, secretario de Acción política de ATE Ensenada y trabajador en el área de buques militares del Astillero Río Santiago.

En las últimas semanas, y a raíz del DNU, los astilleros públicos conformaron una mesa de trabajo con otros sectores ligados a la industrial naval, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), el Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales y el Departamento de Ingeniería Naval de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires.

En la última reunión presentaron proyectos de construcción del buque en el país, entre ellos, uno realizado por un grupo de alumnos de Ingeniería Naval de la UTN que ganaron el concurso internacional «Dr. James Lisnyk», organizado por la Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos (SNAME, por su sigla en inglés), por un proyecto de construcción de un buque logístico sustentable para la navegación antártica.

«Hay experiencia de sobra y lo que falta en el país es generar trabajo con mano de obra calificada, pero lamentablemente el gobierno elige priorizar la compra en el extranjero, da trabajo afuera y con recursos del Estado», objetó Seimandi.

El telón de fondo del conflicto es la «política antiindustrial» del gobierno de Cambiemos que denuncian los sindicatos y astilleros. Señalan como antecedente la compra de patrulleras a Francia y lanchas a Israel. «Han tomado una serie de medidas que atentan directamente con la industrial naval nacional y contra nuestro astillero», dijo Seimandi. En esa línea, añadió que «YPF encargó para comprar dos remolcadores y cuatro barcazas a Paraguay».

En los próximos días, desde el astillero de Ensenada harán una presentación legal por el atropello a la ley y una movilización a La Plata con fecha a definir para pedir mayor trabajo en la fábrica costera.