Mediante el Decreto 2219/19, el intendente Julio Garro introdujo modificaciones en el Código de Ordenamiento Urbano para rezonificar el suelo platense. Así, a días de las elecciones, el jefe comunal avanza sobre zonas rurales y protegidas, al tiempo que abre el juego a una gran especulación inmobiliaria.

El intendente y candidato de Juntos por el Cambio se amparó en el Plan Estratégico 2030, «que fija una herramienta para la transformación urbanística de la ciudad», con el cual se pretende avanzar hacia un «modelo de ciudad compacta y multicéntrica», y decretó modificaciones sustanciales en el COU sin que esa decisión pase, tal como establece la norma municipal, por el Concejo Deliberante ni por el Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, integrado por referentes profesionales, académicos y de la sociedad civil.

En primera instancia, el Decreto 2219, al que accedió Contexto, avanza con la Red de Conectoras Principales que conectan La Plata con la región, sumando nuevas a las ya existentes; se reconocen Áreas de Valor Patrimonial (Meridiano V y otras zonas céntricas, humedal del arroyo El Pescado, y el Parque Agrario, donde hoy se desarrolla la actividad productiva para uso agrícola, aledaña a la Ruta 2 y a la Ruta provincial 36), y se establece una restricción al dominio de calles y caminos, para que estos amplíen su ancho. Entre ellos, se destacan la avenida 7, que de 72 hasta el límite del partido se ampliará un mínimo de treinta metros, mientras que la calle 80, a veinticinco metros de avenida 120, hasta cuatro, y veinte metros entre las avenidas 7 y 143.

Sin embargo, lo más destacado del decreto es el artículo 5, donde se avanza con una nueva zonificación general, cambiando los permisos para el uso del suelo de la Zona Norte y Sur de La Plata.

En este marco, el jefe comunal habilitó más de mil nuevas hectáreas del sector productivo de la ciudad que integran el cordón florifrutihortícola para desarrollos inmobiliarios.

el jefe comunal habilitó más de mil hectáreas del sector productivo que integran el cordón florifrutihortícola para desarrollos inmobiliarios.

Un informe elaborado por un equipo de profesionales vinculados a temas del hábitat en la región y el Centro de Estudios Desarrollo y Territorio (Cedyt), con la colaboración de profesionales vinculados al Encuentro de Organizaciones por un Hábitat Justo, destaca que esto constituye una gran superficie para «uno de los productos inmobiliarios que más habría que desalentar: la urbanización extensiva de baja densidad, sin ningún servicio, en áreas críticas de las cuencas altas y nacientes de arroyos, sin casi inversiones, con grandes beneficios para los desarrolladores y graves hipotecas para el estado y la sociedad a futuro».

Al mismo tiempo, el decreto de Garro modifica otras quinientas hectáreas al suroeste del aeropuerto platense como «reserva urbana», por lo que podrían ser zonas urbanizadas a futuro. «Con lo que les abre ya una enorme expectativa de valorización», destacan los profesionales. En este marco, Garro vulnera una vez más la ley que señala que se avance con un plan de desarrollo integral de toda el área, con paso previo por el Concejo Deliberante, para que estas tierras pasen a ser urbanas.

Otro de los puntos cuestionables tiene que ver con la introducción de «parques lineales inundables» en tierras privadas, sin especificaciones concretas de qué se trata. Esto frustra la adopción de medidas imprescindibles para reducir el riesgo hídrico, destacan los profesionales. Vale recordar que en diciembre de 2018, las asambleas de inundados pusieron una gran resistencia a la aprobación de 34 emprendimientos inmobiliarios en algunas de esas mismas zonas sin tener en cuenta el riesgo hídrico.

El equipo de profesionales también pone el foco en una «muy defectuosa delimitación de las manzanas del viejo loteo Garibaldi que no se pueden construir por estar en el área protegida del Arroyo El Pescado ya que quedan muchas más manzanas del viejo plano de fraccionamiento sin mencionar». Un tema que generó fuertes controversias con los vecinos, que se opusieron al nuevo trazado.

Respecto a la ampliación de las calles, los profesionales consultados señalan que se «pretende establecer restricciones para la continuación de la trama vial en determinadas zonas que son totalmente ineficaces en términos jurídicos si el instrumento es este simple decreto. No sólo no existen estudios sobre esta propuesta vial sino que ni siquiera se podría cumplir el propósito».

«No sólo no existen estudios sobre esta propuesta vial sino que ni siquiera se podría cumplir el propósito»

En este marco, los profesionales advierten sobre la peligrosidad del decreto firmado por el intendente, no solo incurriendo en la ilegalidad, sino con los problemas de sustentabilidad que implican tales modificaciones, entre ellos, el riesgo hídrico que podría acarrear.

«La lógica que guía estas decisiones es claramente facilitar el modelo de crecimiento menos sustentable y más gravoso para el Estado y la sociedad, pero que más beneficios genera para unos pocos actores inmobiliarios por peso invertido», concluyen.