El estallido social de octubre en Ecuador mostró uno de los puntos más relevantes de la crisis que atraviesan los modelos neoliberales en la región. Para comprender los diversos factores que conformaron las revueltas de octubre, Contexto dialogó con el intelectual y académico ecuatoriano René Unda Lara, doctor en ciencias sociales y profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Además, es miembro el Centro de Investigación sobre Niñez, Adolescencia y Juventud (Cinaj-UPS) e investigador del GT «Juventudes, Infancia: políticas, cultura e instituciones sociales» de Clacso.

¿Cuáles fueron los factores que generaron el estallido social de octubre en Ecuador?
Hay varios elementos que considero indispensables para trazar un marco que permita comprender cómo se produce, se acumula y se despliega ese conflicto. No se puede entender el reciente momento intensificado del conflicto en Ecuador sin hacer referencia al giro que el presidente Moreno empieza a mostrar entre los meses de julio y agosto de 2017, es decir, a dos meses de haber asumido el gobierno.

¿Qué acciones compusieron ese giro?
Al principio lo empieza a mostrar de un modo un tanto incomprensible, cargado de opacidades. Hay un primer momento de un diálogo que cuantitativamente se desarrolló más con representantes de sectores empresariales y financieros. En términos más cualitativos, se podría señalar que los resultados de esos diálogos, en esa primera fase del gobierno de Moreno, mostraron cuáles serían los lineamientos de las políticas económicas y cómo se debería ir reconfigurando el escenario político, el sistema político que se produce concretamente en un desmontaje anticonstitucional de lo que estaba establecido en el marco normativo ecuatoriano.

En suma, en Ecuador se gobierna con un programa que no es el que ganó en las elecciones y se va instaurando una supuesta nueva institucionalidad, pero atropellando descaradamente preceptos institucionales que estaban vigentes.

¿Luego de esa primera etapa?
Luego llegamos a la consulta popular del 4 de febrero de 2018. Allí, los siete puntos que se plantea por parte del gobierno se imponen en esa consulta en nombre de una nueva institucionalización. Ahí comienza ya un momento marcado de un giro a la derecha que progresivamente avanza hacia políticas de ajuste y que tienen otro punto de inflexión clave con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se dieron en marzo de este año.

¿Cómo reacciona el campo popular frente a este giro?
Los procesos organizativos se van acumulando de demandas y de intenciones movilizatorias que se ven reflejadas por disputas internas dentro del gran campo popular. En suma, esto se traduce en un conflicto que divide al correismo de todos los demás sectores que componen el campo popular.

Esa fractura que se produce entre sectores progresistas, sectores de izquierda, sectores que estaban muy descontentos con las políticas del gobierno de Moreno, frustra movilizaciones como las que acabamos de experimentar en Ecuador en las revueltas de octubre.

¿Qué compone ese proceso que usted señala de acumulación de demandas?
Hay un proceso acumulativo de decepción, de desencanto con este gobierno que se puso al servicio de las élites económicas y empresariales con, por ejemplo, un proceso de revisión tributaria con el que se les «perdona» casi 4.400 millones de dólares a 170 grandes grupos empresariales.

Todo esto acompañado de una serie de medidas que tienen que ver con despidos masivos de servidores públicos, con intentos privatizadores de infraestructura pública, por ejemplo, la intención de privatizar la empresa de Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), una empresa que funciona muy bien y que tiene superávit de cerca de 800 millones de dólares anuales, también la intención de privatizar las hidroeléctricas en un país que ahora está exportando energía a Perú, Colombia y Chile.

Si bien no es la misma, se instaura una lógica que tiene muchos aires a las políticas de la primera oleada neoliberal.

A ello se suma un proceso de precarización laboral, un proceso de desregulación de la institucionalidad permisivo con la banca junto con una marcada acción en que distintos grupos empresariales, las derechas políticas e ideológicas que, pese a sus diferencias, cierran filas frente a un «enemigo común»: el correísmo. Eso se personaliza en la intención de bloquear toda posibilidad de retorno de Correa a la arena política nacional.

En todo ese proceso, sectores populares fueron acumulando e incrementando un capital de frustración donde ni sus expectativas ni sus demandas eran consideradas.

¿Estos puntos son la base del reciente estallido social?
Todo esto explota con las medidas económicas que el presidente Moreno anuncia el martes 1° de octubre. Esas medidas económicas tienen tres componentes fuertes. El primero es la eliminación del subsidio a la gasolina y al diesel, que es elemento crucial, el país se mueve con diesel. El aumento influye en el transporte y la comercialización de todos los productos. El diesel es la sangre que mueve el cuerpo productivo, social y de consumo en la sociedad ecuatoriana. Un incremento del 123% del combustible es un impacto muy importante en cuanto al costo de la vida.

Una segunda dimensión de las políticas tiene que ver con medidas de carácter desregulatorio, por ejemplo, la eliminación de impuestos a la salida de divisas. Esto platea un doble efecto: primero dejar de recaudar más mil millones de dólares anuales por impuestos de salida de divisas, lo que significa fuga de capitales, y pone en riesgo la propia dolarización. Este segundo bloque tal vez es el menos visible de las movilizaciones, pero es un factor estructural tremendamente potente, porque en términos políticos esto es ponerse como alfombra para las élites económicas y financieras del país.

Una tercera dimensión supremamente importante de las medidas que componían el decreto que anunció el presidente Moreno y que detonaron todo lo que fue el ciclo de movilizaciones fue lo referido a ese eufemismo llamado «flexibilización laboral». Lo que se presentó en ese momento fueron enunciados, pero enunciados que tienen que ver con actos de desconocimientos de derechos adquiridos. Entre ellos, el recorte al 50% de las vacaciones legalmente establecidas en el código de laboral, la cesión de un día de sueldo de los servidores públicos y un proceso que viene de la mano con medidas que se han ido tomando desde el sector privado orientadas a la flexibilización de las jornadas de trabajo.

Todas esas tensiones fueron las que generaron que «el pueblo», esa categoría también interesante, haya salido a la calle y protagonice las revueltas de octubre. La suma de diversos actores y sectores afectados hicieron que estas protestas tomen características inéditas desde el retorno de la democracia. A mi juicio, el reciente ciclo de movilización, protestas y revueltas resultó inédito en Ecuador.