La Justicia logró poner un freno a un nuevo intento de la gobernadora María Eugenia Vidal por atacar los derechos de los sindicatos. Se trata de un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo, que puso un freno a la determinación del gobierno bonaerense de eliminar exenciones impositivas a los sindicatos y obligarlos a pagar bienes de tipo Inmobiliario y Automotor.

La normativa en cuestión es la ley 14.983, impulsada por el Ejecutivo Bonaerense en 2017 en el marco de la Ley Impositiva para el 2018, que se interpretó como una derogación automática de la legislación vigente sobre asociaciones sindicales. El freno al avasallamiento de las exenciones impositivas de los gremios llegó a través de una presentación judicial realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines de La Plata.

«Estas exenciones, de raigambre constitucional y consagradas formalmente en el artículo 39 de la ley nacional 23.551 de Asociaciones Sindicales, intentaron ser eliminadas implícitamente por la Provincia de Buenos Aires mediante la sanción de la Ley Impositiva para el año 2018, quien luego de ello comenzó a intimar a los Sindicatos por los impuestos sobre sus bienes inmuebles y automotores», describe un comunicado emitido por la entidad sindical.

El fallo emitido por el Tribunal 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata sostiene que «la Ley 14.983 vulnera el derecho a la Asociación Sindical libre, como asimismo, la garantía de inmunidad tributaria de jerarquía constitucional (artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 39 de la Constitución Provincial)». En esa misma línea, agrega que «cualquier modificación de dicha circunstancia puede afectar seriamente el desarrollo normal de su actividad».

«con este fallo se ha garantizado la libertad sindical contra el avance de los gobiernos de turno»

En esa línea, detalla que «con este fallo se ha garantizado la libertad sindical contra el avance de los gobiernos de turno». Así lo expresó el abogado representante del Sindicato, Román Nieves, quien definió que la Provincia «había intentado vulnerar sus derechos».

En diálogo con Contexto, Nieves se refirió sobre este fallo, cuyo éxito sienta un precedente contra lo que definió como un «intento de desfinanciamiento de los trabajadores agremiados para tenerlos de rehenes».

«Cuando se sancionó la ley Impositiva para el 2018 eliminó los incisos sobre estas exenciones para los sindicatos. La Ley Nacional de Asociaciones Sindicales está vigente desde 1988, y la Provincia adhirió en 2007. Desde entonces, está integrada la Ley de Nación junto a la Provincial», dijo el letrado.

«Tras la disposición de Vidal, el Gobierno comenzó a mandar las boletas de intimación y de cobro a los sindicatos. A raíz de ello, hicimos nuestra presentación judicial, porque esto es contradictorio contra la legislación tanto nacional como internacional. Estamos hablando de una ley especial de Nación, que es superior a una ley bonaerense como la impositiva. El Gobierno que la había derogada de manera automática”, dijo Nieves.

Cabe destacar que, desde su llegada al poder bonaerense, fueron varios los gestos de avance de María Eugenia Vidal sobre el sector sindical, en especial contra los gremios docentes, quienes protagonizaron una larga lucha contra lo gobernadora en materia salarial.

«A los que está condicionando Vidal con estas medidas es a los trabajadores, porque los sindicatos no son más que la expresión de los derechos de los trabajadores, entre ellos los de reunirse y asociarse en pos de sus derechos. Esta maniobra puede leerse como una consecuencia de la visión del Gobierno de creer que los trabajadores son ‘un gasto'», añadió Nieves.