Por Pablo Pellegrino

La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, hizo lugar a un planteo de la defensa de Gerardo Ferreyra, el único empresario que permaneció detenido en la causa por las anotaciones del chofer Oscar Centeno. 

Ferreyra estaba detenido desde agosto del año pasado y hacía poco había sido beneficiado con prisión domiciliaria. En la resolución que se conoció el miércoles tomaron en consideración que la causa ya está elevada a juicio oral, por lo que no podría entorpecer la investigación, la falta de antecedentes penales del imputado y el estricto cumplimiento de las condiciones de su prisión domiciliaria. 

En el fallo, además, le pidieron al juez Claudio Bonadio que fije la fianza para su liberación, quien estableció el monto en 50 millones de pesos. 

La de Ferreyra es una historia particular, no solo por haber sido el único empresario implicado en el supuesto pago de coimas a funcionarios del gobierno anterior, sino por lo que sucedió en torno a sus empresas, fundamentalmente, Electroingeniería. 

El empresario denunció ante los mismos camaristas que le concedieron la libertad que fue extorsionado por Stornelli y Bonadio en el expediente de las fotocopias. En la audiencia que tuvo con los camaristas por videoconferencia (estaba preso en Ezeiza) dijo que el fiscal le dio dos posibilidades: declararse inocente y quedar detenido o arrepentirse, declarar «contra los mugrientos» (Néstor y Cristina Kirchner) y quedar en libertad automáticamente. 

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El empresario, también propietario de Radio Del Plata, que quedó sumergida en una crisis por el ahogo financiero producto de las derivaciones de la causa, había ganado las licitaciones de las obras de infraestructura energética más importantes que se licitaron durante la Administración de Cristina Fernández. 

Electroingeniería conformó una Unión Transitoria de Empresas con la estatal china Gezhouba y con Hidrocuyo, con las que ganó en 2013 la licitación para las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (rebautizadas por el macrismo como Cóndor Cliff y La Barrancosa). En ese proceso se había presentado también la empresa de la familia Macri, Iecsa, asociada para esa licitación, curiosamente, con otro empresario que ya lleva más de tres años detenido: Lázaro Báez. 

Antes incluso de la súbita aparición de los cuadernos de Centeno a mediados del año pasado, el gobierno había intentado quitar a Electroingeniería de esas dos megaobras.

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El entonces ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, había encabezado las negociaciones con los chinos para que apartasen a Ferreyra de la UTE. 

«Entre los empresarios, fui el más extorsionado», dijo hoy Ferreyra en una entrevista con el programa Pasaron Cosas que emite Radio Con Vos. «El objetivo era sacarme de ese proyecto que ganamos limpiamente», añadió. 

«Los demás empresarios inventaron su declaración, se avinieron a un relato que les entregaron armado de forma extorsiva», consideró el empresario.