La Corte Suprema de Justicia respaldó el reclamo que realizaron algunas provincias por la rebaja de recursos coparticipables que implicaban las medidas de «alivio» anunciadas por Mauricio Macri luego de la megadevaluación del pasado 12 de agosto. 

Tras la dura derrota del oficialismo en las primarias del 11 de agosto, y con una depreciación del peso superior al 20% en una jornada, la Administración central adoptó una serie de iniciativas, entre las cuales figuran la eliminación del Impuesto al Valor Agregado para productos de la canasta básica y la rebaja del Impuesto a las Ganancias, dos tributos que son coparticipables con las provincias. 

La denuncia original sobre la que terminó decidiendo la Corte fue la del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pero aplica también para las provincias que presentaron recursos similares, que son Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. 

La provincia de Buenos Aires, entre otras que también decidieron «hacer el esfuerzo» para acompañar la decisión de Macri, quedará exenta de la medida cautelar que resolvió el máximo tribunal. 

Según la Corte, el gobierno «detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del federalismo de concertación y el principio de legalidad en materia tributaria». 

En el fallo sostienen que el perjuicio para el caso de la provincia que impugnó los decretos (Entre Ríos) fue calculada en mil millones de pesos por la Comisión Federal de Impuestos. 

Cabe recordar que, una semana después de las elecciones PASO, un grupo de diecinueve gobernadores había amenazado con recurrir al máximo tribunal de justicia para dirimir el conflicto por los fondos que el gobierno iba a afectar con las medidas. 

En aquella oportunidad habían emitido un comunicado conjunto en el que advertían: «Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos». 

Sobre ese punto, los jueces también atendieron el argumento que expuso la provincia de Entre Ríos, en el que alegó que «los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensión cautelar». 

El gobierno de la provincia demandante celebró el fallo del tribunal a través del fiscal de Estado entrerriano. «Es un fallo que ratifica el fuerte compromiso federal de la Corte, porque invariablemente las sentencias van en ese sentido», dijo Julio Rodríguez Signe en declaraciones a Ambito.com

Según él, la Corte «ha dispuesto una solución muy justa e inteligente: no perjudicar ni las provincias, ni al consumidor por el tema del IVA ni al responsable en Ganancias, sino establecer que es el Gobierno nacional el que se debe hacer cargo de las decisiones que toma en materia de política económica, pero con sus recursos y sin afectar los recursos coparticipables». 

A través de sus redes sociales, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, manifestó: «Hoy la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón a las provincias que nos opusimos a que Macri hiciera campaña con nuestros recursos».

«El máximo Tribunal le devolvió el federalismo al país y nosotros cumplimos con nuestro deber de defender el dinero de todos los tucumanos», agregó. 

Por el mismo medio, el mandatario de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó: «Dijimos que íbamos a defender los intereses de la provincia, y así lo hicimos». 

«El fallo de la Corte evitó que San Luis perdiera casi mil millones de pesos», sostuvo el fiscal de Estado de esa provincia puntana, y afirmó que «el fallo de hoy de la Corte Suprema fue muy contundente, reafirmando nuestro reclamo en el sentido que el sistema de la coparticipación es un sistema de concertación, de acuerdos y también tiene una integralidad, un conjunto de medidas y normas que de ninguna manera pueden ser modificadas por una sola de las partes».