La crisis política de Perú no es nueva. El actual conflicto entre el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Martín Vizcarra, y el Poder Legislativo, dominado por la oposición fujimorista, es el estallido de una burbuja que ha ido incrementando su presión y volumen durante años.

En 2018, Pedro Pablo Kuczysnki (que había sido elegido presidente para el período 2016 – 2021) presentó su renuncia cuando avanzaba el juicio político en su contra, y su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el Ejecutivo. Las tensiones con el Legislativo controlado por el fujimorismo estallaron rápidamente.

Las denuncias de corrupción que involucraban a gran parte del ámbito político y judicial generaron un enorme descrédito y una crisis de representación. Perú se encontró al borde de un estallido social.

Uno de los puntos fundamentales que enfrentaron al Ejecutivo y el Legislativo fue el mecanismo de elección de jueces del Tribunal Constitucional (TC), la máxima autoridad del Poder Judicial. El nombramiento de jueces estaba a cargo del Congreso, pero el presidente Vizcarra buscaba cambiar la forma de selección de los magistrados.

Vizcarra decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas (a realizarse en enero de 2020).

En septiembre pasado, el Congreso intentó nombrar seis nuevos jueces para el TC. A fin de frenar esos nombramientos, el presidente presentó una «moción de confianza», que le permitía impedir las designaciones.

Tras que el Congreso peruano rechazara la moción de confianza presentada por el mandatario, el lunes 30 de septiembre, Vizcarra decidió disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas (a realizarse en enero de 2020).

La oposición fujimorista, que controla el Congreso, desconoció la medida tomada por el presidente, a la cual catalogó de ilegal. Los legisladores votaron la suspensión de Vizcarra por doce meses por supuesta «incapacidad moral», anunciaron el inicio de un juicio político en su contra y nombraron como presidenta interina a Mercedes Aráos, quien era en ese momento vicepresidenta de la nación.

Veinticuatro horas después de su «nombramiento» por el Congreso, Aráos presentó su renuncia al cargo y reclamó que las elecciones de enero no sean solo legislativas, sino generales.

En ese marco, las Fuerzas Armadas y de seguridad habían brindado su apoyo a Vizcarra, al que reconocieron como el legítimo presidente del país.

Cinco presidentes con procesos judiciales

Alberto Fujimori (1990-2000): preso por crímenes de lesa humanidad.

Alejandro Toledo (2001-2005): procesado por hechos de corrupción.

Alan García (2006-2011): se suicidó cuando iba a ser detenido, acusado de estar involucrado en hechos de corrupción.

Ollanta Humala (2011-2016): en prisión preventiva, acusado de hechos de corrupción.

Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018): renunció a su cargo cuando avanzaba sobre él un juicio político por denuncias sobre su participación en hechos de corrupción vinculados al escándalo de Odebrecht, y en abril de ese año fue detenido.