Tras la publicación del decreto que oficializó el «bono» obligatorio de 5.000 pesos para los trabajadores privados, veinte cámaras empresarias expresaron en conjunto que no están en condiciones de afrontar esos pagos por el cuadro de recesión económica que las posiciona como perdedoras del actual modelo económico y financiero.

En un comunicado titulado «Queremos pero no podemos», argumentaron su posición por la «caída del mercado interno», el «aumento desproporcionado de las tarifas dolarizadas de los servicios públicos», las «tasas de interés descomunales que hacen imposible el acceso al crédito» y una «insostenible presión tributaria». Definieron que este panorama las ubica en un «estado de emergencia» o directamente en un «estado terminal», dependendiendo de los casos.

De todos modos, las entidades empresarias reconocen «la necesidad de intentar morigerar el problema de la pérdida de poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores». Para hacer efectivo el pago, piden al gobierno tomarlo a cuenta de IVA, cargas patronales, planes de pago o cualquier otro impuesto cuyos vencimientos operen en el mes en que se aplique el abono.

El gobierno había oficializado la «asignación no remunerativa» para los trabajadores del sector privado ayer por la mañana. El pago será en octubre «en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva». A su vez responsabilizó de la debilidad económica que atraviesa el país a «los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso».

Entre las cámaras firmantes se encuentran el Consejo Productivo Nacional, la Confederación General Económica Industriales Pymes Argentinas (IPA), Fundación Protejer, Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe, Asociación Pyme, Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), Asociación de Empresarios para el Desarrollo Argentino (ENAC), entre otras.

Cuestionaron al gobierno también por no haberlas tenido en cuenta a la hora de sentarse a acordar las características del pago. Manifestaron su «rechazo a las negociaciones llevadas a cabo por el Ministro Dante Sica, por no haber sido convocadas entidades que representamos el universo de las empresas pyme de servicios, comercio, industria y sector agropecuario, motores fundamentales de la generación de empleo».

El sector industrial atraviesa un momento crítico. El cierre de empresas lo grafica. Un informe del Consejo Productivo Nacional, elaborado en base a datos oficiales de la AFIP, sostiene que en los últimos tres años y medio cerraron 18.748 empresas. «Las empresas pyme sufrieron una brutal inflación de costos que atentó contra los márgenes de rentabilidad. El crédito más caro del mundo, los tarifazos y la dolarización de la economía se chocó contra un mercado en recesión que dificulta el traslado de aumentos a precio. El resultado es rentabilidad por el piso, dificultad para reinvertir y, en algunos casos, el cierre», definieron desde el CPN.