Por Rocío Cereijo

Excombatientes de las islas Malvinas pidieron la inconstitucionalidad del Decreto 602/19 emitido por el Poder Ejecutivo y publicado el 2 de septiembre de 2019 en el Boletín Oficial por poner «en riesgo la supremacía constitucional y la soberanía nacional». En la medida presentada por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) se analizan, también, las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri contra el reclamo por la soberanía insular. 

La asociación de carácter civil reclamó que el impulso de este decreto, que habilita vuelos desde San Pablo con escala en Córdoba hacia las islas Malvinas, «implica una acción que constituye un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario e inconstitucional de sus funciones». Asimismo, entienden que encuentra su precedente en el Acuerdo Foradori-Duncan, una decisión unilateral del gobierno nacional con el británico difundido como un «comunicado conjunto».

Leer también: Ernesto Alonso: «La política exterior de Macri se puso al servicio de los intereses británicos»

En relación con este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió este documento el 13 de septiembre de 2016 y los abogados representantes del CECIM denunciaron que no fue tratado por el Congreso de la Nación, tal como exige la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 22). Este acuerdo «es la plataforma de justificación de medidas que continúan menoscabando la soberanía», según difundieron en el escrito.

«¿Es propio de los deberes de un funcionario público de primera línea el conceder en forma unilateral ventajas fácticas y jurídicas a una potencia que detenta el territorio en modo ilegal e ilegítimo? ¿Es propio de la debida diligencia de un funcionario el convalidar situaciones relativas a vuelos (espacio aeronáutico), pesca y/o exploración/explotación hidrocarburífera ilegal? ¿Qué ventajas obtiene nuestra Nación?», preguntan los excombatientes en el escrito presentado este lunes a la Justicia Penal. 

«¿Es propio de la debida diligencia de un funcionario el convalidar situaciones relativas a vuelos (espacio aeronáutico), pesca y/o exploración/explotación hidrocarburífera ilegal? ¿Qué ventajas obtiene nuestra Nación?»

Los abogados también cuestionaron el momento de la difusión del acuerdo, dado que podría tener relación directa con la carrera por la sucesión del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por parte de quien era canciller en aquel momento, Susana Mabel Malcorra. En ese contexto, la ministra declaró: «Hasta ahora tuvieron una canciller part-time, ahora van a tener una full time».

«El Reino Unido se ha encargado en forma sistemática de incumplir los acuerdos y conversaciones forjadas con la República Argentina, desde el germen del colonialismo (1833 con la ocupación por la fuerza), hasta nuestros días», afirmaron desde el CECIM La Plata. En relación con este punto, cabe destacar que entre otras acciones Gran Bretaña ha incrementado el presupuesto militar destinado a la base militar Monte Agradable en 2015, ante una «posible amenaza futura», según declaró el secretario de Defensa británico, Michael Fallon.

El reclamo de inconstitucionalidad afirma que «el derecho a la soberanía es el derecho humano al desarrollo sustentable» y advierte la peligrosidad del decreto impulsado por Macri: «El capricho del titular del Ejecutivo, puede redundar en condiciones calamitosas para nuestros/as hijos/as y nietos/as. Sí, de un plumazo retrocedemos a épocas de la monarquía». En relación con este tema, explicaron que «los derechos humanos jamás se pueden dar durante el imperio del colonialismo».

Y señalaron que el país europeo sostiene una colonia bajo amenaza militar, en referencia a la base militar más importante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Cono Sur, situada en Monte Agradable. El Estado británico «nos ha usurpado, ha extirpado una fracción de nuestro territorio y utiliza su ilegítima e ilegal posición como plataforma de reclamo sobre los espacios marítimos circundantes y la Antártida», detallaron. 

Finalmente, declararon que el Decreto 602/19 viola el derecho humano a la soberanía, y profundizaron: «Ninguna persona que obre con honestidad intelectual puede sostener sin sonrojarse que los términos no jaquean nuestras reivindicaciones soberanas. El hecho de que no haya pasado por el Congreso denota su arbitrariedad, y su texto y fundamentos resultan carentes de toda razonabilidad».