La semana pasada, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria, que establece incrementos del 50% a los créditos presupuestarios para políticas de asistencia y nutrición. El hecho colocó el tema en el centro de la agenda, también por los reclamos de las organizaciones sociales.

En la provincia de Buenos Aires, la urgente demanda no acaparó la atención del gobierno. María Eugenia Vidal se limitó a incrementar en un 20% los montos para los comedores. Será en dos cuotas de 3 pesos cada una. Fue en el marco de las medidas socioeconómicas que anunció como respuesta a la paliza electoral frente al candidato Axel Kicillof, del Frente de Todos.

«El Estado no está presente garantizando un derecho básico. Por eso pedimos que el gobierno cumpla con garantizar la alimentación»

Para la oposición y los docentes, esa medida es insuficiente. Lo expresaron de ese modo luego de que Vidal declarase que «no necesita la emergencia» porque puso en marcha medidas para paliar la crisis. Los intendentes del PJ también le hicieron llegar a la gobernadora su pedido al respecto.

Desde el Frente de Unidad Docente consideran «insuficiente» el aumento del 20% porque no implica mejoras sustantivas en la calidad de los alimentos, que ha decaído en el último año, a contramano de la suba exponencial en la cantidad de niños y niñas que asisten a los comedores por la crisis. Por ese motivo, piden que en el menú, donde predominan los hidratos de carbono, haya más presencia de frutas, lácteos, verduras y carnes, y también mayor cantidad de cupos.

«Se tiene que actualizar el aumento y se tiene que mantener constante la aplicación del avance de los índices inflacionarios para que haya alimentación de calidad en las escuelas», dijo a Contexto Silvia Almazán, secretaria adjunta de Suteba.

«A lo largo de este semestre ha sido fuerte el impacto de la política económica en el deterioro de las condiciones de vida. En las escuelas vemos que hay estudiantes que llegan el lunes después de un fin de semana sin haber tenido una comida nutritiva», añadió.

«El Estado no está presente garantizando un derecho básico. Por eso pedimos que el gobierno cumpla con garantizar la alimentación», siguió Almazán. «Vidal podría homologar la ley nacional de emergencia en caso que se apruebe o presentar un plan integral para priorizar los comedores escolares y populares donde asisten las poblaciones más vulnerables. Puede avanzar por distintos procedimientos, pero no hay voluntad política», completó.

La negativa de Vidal a declarar la emergencia en la provincia más populosa del país contrasta con el pedido de un préstamo de 50 millones de dólares para reforzar el Servicio Alimentario Escolar (SAE). La decisión fue plasmada en la Resolución Nº 469 firmada el lunes pasado por el ministro de Economía, Damián Bonari, pero aún no fue publicada en el Boletín Oficial.

«Se tiene que actualizar el aumento y se tiene que mantener constante la aplicación del avance de los índices inflacionarios para que haya alimentación de calidad en las escuelas»

Por otro lado, bloques opositores en la Cámara Baja de la Legislatura (Unidad Ciudadana, PJ Unidad y Renovación y Frente Amplio Progresista) presentaron la semana pasada un proyecto de ley que, en línea con la media sanción en el Congreso, busca declarar la emergencia alimentaria en la provincia. Sin embargo, no hay fecha de sesión en la casa de leyes, frenada desde mayo. El proyecto solicita un refuerzo presupuestario a Nación para incrementar la asistencia a los comedores, la apertura de nuevos merenderos y comedores populares y la provisión de medicamentos para todos los hospitales y centros de salud.

La superpoblación en los comedores se da en el marco de un proceso inflacionario que, a nivel general, en lo que va del año, fue del 30,1% según los últimos datos del INDEC correspondientes a agosto. Y que es más acentuado justamente en el rubro de los alimentos, cuyo avance fue del 33,3%.