Seis policías bonaerenses serán juzgados por la muerte de siete jóvenes el 2 de marzo de 2017 en el marco de una masacre que la Comisión Provincial por la Memoria calificó como «una de las violaciones a los derechos humanos más graves sucedidas durante la democracia en una dependencia policial». El fuego se inició en el sector de calabozos, a raíz de una protesta de los detenidos que estaban con prisión preventiva por delitos menores. Se encontraban allí de manera ilegal, puesto que fueron alojados en una dependencia policial que no reunía las condiciones para albergarlos.

El proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Pergamino, conformado por los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas. A lo largo de dieciocho jornadas, serán juzgados quien se desempeñaba como comisario, Alberto Donza –prófugo durante catorce meses–; como sargento, Brian Carrizo; como oficial subayudante de servicio, Alexis Miguel Eva; como oficial de refuerzo de imaginaria, Matías Exequiel Guiletti, Carolina Denise Guevara y Sergio Ramón Rodas.

Brindarán su testimonio alrededor de cien testigos, entre los que se encuentran los doce sobrevivientes de las celdas contiguas a la que se incendió, los familiares de las víctimas y los bomberos que participaron en la extinción del fuego. El Ministerio Público Fiscal estará a cargo del fiscal Néstor Mastorchio, y la querella, que representará a cinco familias, será asumida por el equipo de abogados de la CPM. 

la Comisión Provincial por la Memoria calificó la masacre de Pergamino como «una de las violaciones a los derechos humanos más graves sucedidas durante la democracia en una dependencia policial».

Desde la Comisión sostuvieron que el 2 de marzo de 2017 «19 personas alojadas en la Comisaría Primera de Pergamino fueron víctimas de una masacre mientras estaban detenidos bajo custodia del Estado». Y subrayaron: «Siete murieron de la manera más cruenta y los restantes 12 sufrieron torturas físicas y psicológicas». Las víctimas, encerradas de modo arbitrario como castigo, fueron Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre.

Las personas que se encontraban detenidas allí iniciaron el reclamo ante el aislamiento en condiciones inhumanas, el hacinamiento en lugares sin ventilación ni luz natural, el calor extremo de ese día y el nulo espacio para moverse o desarrollar alguna actividad. En el momento de la masacre la guardia de los calabozos estuvo a cargo de Carrizo, Rodas, Eva y Giulietti. Todos están imputados por «abandono de persona seguido de muerte», junto con Carolina Denise Guevara y Alberto Sebastián Donza, que estuvo prófugo más de un año. Cuando los socorristas llegaron, tuvieron que esperar veinte minutos a que los efectivos les abrieran la reja de entrada a los calabozos mientras el fuego se propagaba.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, condenó lo ocurrido e instó a los gobiernos nacional y provincial a tomar medidas efectivas. Sin embargo, ningún Poder del Estado realizó acciones tendientes a resolver la grave crisis humanitaria de las personas privadas de libertad en dependencias policiales. De hecho, un año después, en Esteban Echeverría, otra masacre terminó con la vida de diez personas.

Sobre la superpoblación en los espacios de encierro, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, sostuvo: «Prefiero que los delincuentes estén adentro apretados y no afuera perjudicando a la gente».

Las audiencias se llevarán adelante los lunes, martes y miércoles a partir de las 9 de la mañana en la sede de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Pergamino (calle Pinto 1251).