Por Rocío Cereijo

El viernes 23 de agosto, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata apartó al genocida Argentino Alberto Balquinta del juicio Monte Peloni II, que se lleva adelante en esa ciudad. Los magistrados Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas argumentaron que el excomisario mayor retirado de la Policía de la provincia no podía soportar el proceso judicial por cuestiones de salud. Sin embargo, el represor fue fotografiado «sin compañía de persona alguna y en la calle en inmediaciones de su domicilio, poniendo de manifiesto la falsedad de su mal estado de salud», según difundieron la Comisión Provincial por la Memoria de Olavarría (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Balquinta estaba imputado por su accionar criminal durante la última dictadura en este juicio que investiga los delitos cometidos contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención Monte Peloni. Hasta el viernes se encontraba detenido con prisión domiciliaria y los organismos de derechos humanos expresaron su preocupación debido a que «con este acto fue violada la restricción que le impone el arresto domiciliario que continúa vigente en la causa ‘La Huerta'», otra de las imputaciones que aún recaen sobre él. 

«con este acto fue violada la restricción que le impone el arresto domiciliario que continúa vigente en la causa ‘La Huerta'»

La CPM y la APDH local expresaron que este tribunal «tiene la obligación de hacer justicia», y repudiaron la situación a diez días del veredicto de este juicio. Sobre Balquinta dijeron que con estas imágenes pueden «demostrar que burla a la Justicia, ya que se puede manejar en forma independiente y afrontarlo». Asimismo, solicitaron que de modo urgente se «resuelva la violación al arresto domiciliario de Balquinta en la causa La Huerta y lo reintegre en la causa Monte Pelloni a una semana de la sentencia».

Los imputados en este juicio son Walter Jorge Grosse, Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Ignacio Aníbal Verdura, Edgardo Mariano Viviani, Juan Carlos Cabrera, Osvaldo Miguel Guarnaccia, Horacio Rubén Leites, Francisco Oscar Sarmiento, Juan Carlos Gurrieri, Carlos Rubén Bruno, Roberto Manuel Fantini, Luis Alejandro Seambelar, Eduardo Héctor Bernadou, José Clemente Forastiero, Oscar José Bardelli, Julio César Tula, Héctor Rubén Rinaldi, Carlos Alberto Saini, Enrique Vázquez, Luis Oscar Calcagno, Juan Carlos Luján, Raúl Ángel Córdoba, Carlos Alberto Muñoz, Alberto Santiago Padilla, Jorge Liberto Odorisio, Roque Ítalo Pappalardo, Néstor Omar Vapore, Román Valdecantos y Luis Alberto Juárez.

Actualmente, el excomisario en la Seccional Primera olavarriense y ex segundo jefe de la Unidad Regional XI de Azul vive en calle Lavalle 1876 de Olavarría. En esta causa en la que se dará lectura de las condenas y absoluciones el próximo 5 de septiembre está imputado en un caso de homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado entre dos o más personas, una violación; y de haber participado de trece casos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenaza en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de la víctima.

Según un informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, aumentó la cantidad de imputados con prisión domiciliaria (en abril de 2018, 641 imputados o condenados se encontraban detenidos en sus hogares, lo que implicaba un 65% del total) y se generaron demoras en las instancias de juicio y recursivas desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri.