Por Rocío Cereijo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dictó un vergonzoso veredicto en el marco del juicio «Armada II» y liberó a once genocidas. Se trata del sexto proceso judicial local en el que se investigaron y juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio durante la última dictadura cívico-militar. De los diecisiete represores imputados, solo uno recibió la pena de prisión perpetua, mientras que seis fueron absueltos y otros diez recibieron penas de entre dieciocho y tres años y medio de prisión. Sin embargo, de estos últimos, cinco fueron excarcelados por haber permanecido detenidos durante la espera de comienzo de este juicio.

Los jueces Luis Roberto Salas, Marcos Javier Aguerrido y Oscar Edmundo Albrieu juzgaron los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidio cometidos contra 66 víctimas por miembros de la Armada Argentina. Los crímenes fueron llevados a cabo, en su mayoría, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de Prefectura Naval en White y en la Base Naval Puerto Belgrano de la localidad de Punta Alta: el buque amarrado en este lugar, llamado ARA 9 de Julio y Baterías, en el Puesto 1 de ese sitio. Entre las víctimas se encontraban los gremialistas gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en julio de 1976.

Tanto la Unidad Fiscal Federal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, integrada por Miguel Ángel Palazzani, José Alberto Nebbia y Pablo Vicente Fermento, como la querella a cargo de Mónica Fernández Avello, habían presentado las pruebas y solicitado trece condenas a prisión perpetua y de hasta veinticinco años para otros cuatro imputados. Asimismo, habían pedido la revocación del privilegio de las excarcelaciones que recaían sobre algunos de los imputados, que concurrieron a la audiencia por su cuenta y provocaron a los familiares de las víctimas que asistieron. Los magistrados no solo no hicieron lugar a este pedido, sino que liberaron a otros represores. 

Las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la abogada querellante para los represores Mario José Bisesio y Heberto José Rubattino habían sido de veinticinco años de prisión; para Luis Oscar Conti, doce años; para Enrique De León, dieciséis años; y para José Abdala Figueroa, Hernán Álvaro Hermello, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Carlos Enrique Lacoste, Alejandro Carlos Lorenzini, Carlos Alberto Louge, Francisco Manuel Martínez Loydi, Aristóbulo Nicanor Moreira, Emilio José Schaller, Miguel Ángel Torrá, Ricardo César Araujo y Sergio Araoz de Lamadrid, prisión perpetua.

Además, solicitaron que se consideraran los delitos sexuales cometidos en este contexto genocida como crímenes de lesa humanidad y que se condenara por esto a los imputados Lorenzini, Louge, Quintana, Schaller, Torrá, Illa, Moreira, Araujo, Bisesio, Conti, Rubattino, De León y Araoz de Lamadrid. «La violencia sexual era utilizada para degradar, humillar, castigar, para sembrar terror, pero principalmente tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de ‘propiedad del cuerpo de las mujeres’ por parte de los varones», sostuvo la representante de los familiares de las víctimas durante la etapa de alegatos. Este pedido, acompañado por la declaración de los testimoniantes, también fue desestimado por los magistrados.

El fallo implica un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que, entre otros puntos, desestima los testimonios de los sobrevivientes del genocidio. Para su análisis, es necesario tener en cuenta otras regresiones registradas tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri: alto número de causas en instrucción (un 45%, según lo difundido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Nación), demoras en las instancias de juicio y recursivas, baja del número de detenidos y aumento del arresto domiciliario de genocidas (el 65% del total de los detenidos por estos crímenes se encuentra en sus hogares).

Las penas y los cargos

Condenado a prisión perpetua:

Sergio Leonardo Aráoz de Lamadrid, ex capitán de fragata, jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión y jefe de la División Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales.

Condenados a dieciocho años de prisión:

Mario José Bilesio: ex teniente de fragata y ex jefe de la Compañía Pitón del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº 1.

Heberto José Rubattino: ex teniente de navío y ex jefe de la Compañía Pitón del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº 1.

Condenado a quince años de prisión:

Francisco Manuel Martínez Loydi: exprefecto y jefe de Informaciones de la Prefectura Naval.

Condenado a nueve años de prisión: 

Enrique de León: ex capitán de navío y jefe de la División Contrainteligencia del Departamento Operaciones de la Base Naval de Infantería de Marina (BNIM) «Baterías».

Condenado a ocho años de prisión:

Miguel Ángel Torrá: ex capitán de fragata y subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora. 

Condenado a seis años de prisión: 

Luis Oscar Conti: ex suboficial mayor electricista que se desempeñó en el Centro de instrucción y Adiestramiento de Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Condenados a cinco años de prisión:

Carlos Enrique Lacoste: excapitán y jefe de Personal en el Batallón de Infantería de Marina 1.

Alejandro Carlos Lorenzini: ex teniente de navío y ayudante jefe sección operaciones y ayudante jefe de sección inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina N° 1.

Álvaro Hernán Hermelo: ex capitán de corbeta y jefe de inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina N° 1.

Condenado a tres años y seis meses de prisión:

Emilio José Schaller: ex 2º comandante y jefe de operaciones e inteligencia del Batallón Comando

Absueltos:

Ricardo César Araujo: ex capitán de corbeta y comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1.

Rómulo Augusto Illa: ex capitán de corbeta y comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1.

Arturo María Quintana: ex teniente de navío y 2° Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1.

Aristóbulo Nicanor Moreira: ex teniente de navío y jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1

José Abdala Figueroa: ex capitán de fragata, jefe de la División Cuartel Base, del Departamento General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías y luego ayudante secretario del jefe de esta división

Carlos Alberto Louge: ex capitán de fragata y jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN.

Además de estos últimos cinco, De León, Schaller, Lorenzini, Torrá y Hermelo fueron excarcelados.