Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía hace cinco meses. A finales de marzo, luego de pegar cuatro faltazos sucesivos a la citación para declarar, el juez Alejo Ramos Padilla dictó la resolución a través de la cual se suspende el diálogo entre el fiscal y el tribunal. 

En cada uno de sus fallos, el magistrado pedía la intervención del Ministerio Público Fiscal a cargo de Eduardo Casal que arbitre los medios para que Stornelli se presente finalmente en el tribunal, cosa que hasta hoy no consiguió. En mayo, incluso, Ramos Padilla le pidió a Casal el desafuero o remoción del fiscal luego de la Cámara Federal de Mar del Plata confirmara el estado de rebeldía. 

La medidas emanadas de la procuración fueron dos: por un lado, un informe del Consejo Evaluador del organismo sobre la situación del fiscal de la causa cuadernos envuelto en el escándalo de espionaje ilegal que se instruye en Dolores, y por otro lado, un sumario administrativo para determinar la actitud asumida por Stornelli en el marco del expediente de Ramos Padilla amerita algún tipo de acción por parte del MPF. 

Para este último caso, se había establecido un plazo de 60 días. Lo que se debe analizar allí es un cuestión meramente técnica que busca determinar si el fiscal Stornelli cometió una falta disciplinaria con los seis faltazos a la indagatoria pedida por Ramos Padilla. Cumplidos los 60 días, que fueron advertidos por el diputado nacional Leopoldo Moreau en sus redes sociales, la aclaración llegó de parte de la abogada Graciana Peñafort, también por Twitter: “Me aclaran que el plazo se vence a finales de la semana que viene porque cuentan la feria”, sostuvo. 

La dilación de los plazos para el estudio de la actitud “rebelde” que fue ratificada por la Cámara es por ahora lo que le queda a Stornelli de apoyo en la procuración. El sumario debería estar listo para el próximo 5 de septiembre. 

En el otro expediente iniciado por la procuración se analiza su accionar como fiscal y sus posibles conductas delictivas imputadas en el escándalo del falso abogado Marcelo D’Alessio. En ese sumario se incluyeron llamativamente, además de las pruebas que constan en el expediente de Dolores, las denuncias realizadas tanto por fiscal Stornelli como por sus aliados políticos, en especial, la diputada Elisa Carrió, en las que sostienen que todo es parte de una operación para lograr su apartamiento de la causa de las fotocopias. 

Stornelli denunció a través de información que le habría llegado en un sobre anónimo la existencia de escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza, en las que ex funcionarios del gobierno anterior conversaban acerca de la denuncia que el empresario Pedro Etchebest estaba a punto de presentar a finales del año pasado. 

Según el fiscal, el conocimiento que tenían acerca de ese episodio era prueba suficiente para determinar el complot en su contra. La misma información y en el mismo sentido aportó en el juzgado de Bonadio la líder de la Coalición Cívica. 

Sin embargo, la denuncia de Stornelli tuvo peor suerte que la de Carrió: el viernes pasado el juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello decidieron archivarla porque “aunque se han llevado adelante diversas medidas a efectos de determinar si del contenido de la misiva surge alguna conducta pasible de reproche penal, los elementos arrimados hasta el momento en el presente sumario no resultan suficientes como para avanzar en forma razonable con la pesquisa”.