Por Pablo Pellegrino

Reunidos en el Consejo Federal de Inversiones, diecinueve gobernadores provinciales manifestaron su rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno nacional en el marco del recrudecimiento de la crisis económica luego de las PASO del 11 de agosto. 

El descontento no es por las medidas en sí, cosa que destacaron como positiva, sino por el financiamiento que tendrán. En esa línea, sostienen que en caso de no modificarse lo programado por la Administración de Mauricio Macri, “estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos”. 

«estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social»

Uno de los ejes más conflictivos hasta ahora fue el congelamiento del precio del petróleo, que desencadenó una presentación judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de los representantes de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Omar Gutiérrez, en la que cuestionan la afectación de recursos provinciales en la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri. 

“No estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos”, aclararon los gobernadores, que se reunieron el miércoles, en el documento que consensuaron. 

Sin embargo, advirtieron que “las medidas que se han dado a conocer realizadas de forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”. 

Entre los presentes se encontraban los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Miguel Lifschitz (Santa Fe); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Rosana Bertone (Tierra del Fuego); Sergio Casas (La Rioja); Lucía Corpacci (Catamarca); Domingo Peppo (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Uñac (San Juan); Hugo Passalacqua (Misiones); Mariano Arcioni (Chubut); Juan Manzur (Tucumán); Carlos Verna (La Pampa); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Omar Gutiérrez (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro). 

También participaron por las provincias de Santa Cruz el vicegobernador Pablo González y por Córdoba el ministro de Economía Osvaldo Giordano. 

“Si bien nos parece positivo que el Gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución como por el Pacto Fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando”, consideraron los mandatarios en el documento. 

“Si bien nos parece positivo que el Gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias»

Los gobernadores exigieron que se instrumenten “las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo”, y concluyeron: “Quedamos como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual”. 

Luego de la cumbre de gobernadores, autoridades del gobierno nacional se reunieron con ministros de Economía de algunas de las provincias para empezar a negociar la puesta en marcha de las medidas anunciadas. En ese marco, los representantes provinciales exigieron la compensación que en el documento conjunto ya habían planteado los gobernadores. 

Sin embargo, los representantes del Ministerio del Interior negaron que vaya a efectuarse una compensación y restaron importancia al costo que asumirán las provincias. 

Según el cálculo que realizaron los representantes de los gobiernos locales, las provincias perderán más de 51.000 millones de pesos, cifra que, según la Administración nacional, será mucho menor.