En un marco de fuertes remarcaciones de precios por la devaluación, los sindicatos estatales bonaerenses piden al gobierno de María Eugenia Vidal la reapertura de sus paritarias, descompensadas luego de la corrida cambiaria post PASO que impactó en el poder adquisitivo de los asalariados y jubilados.

Las proyecciones de inflación oscilan alrededor del 55%, cifra que podría arrasar con los salarios. Incluso ayer, el titular del Banco Central, Guido Sandleris, reconoció que «la inflación subirá en agosto y septiembre» producto de la devaluación.

Ahora completaron el tablero los judiciales (AJB) y los médicos (CICOP). Los primeros todavía no llegaron a un acuerdo siquiera de la paritaria 2018.

Con este cuadro, es unívoco el reclamo de los gremios estatales más allá de las particularidades de cada sector. La semana pasada, mientras el dólar se disparaba, trabajadores de la Administración Pública hicieron pública la demanda de reapertura de sus negociaciones, que cerraron en diciembre se 2018 por la aceptación de UPCN.

El gobierno dio aumentos del 25% a julio, acorde a la inflación previa a la devaluación. Los gremios sostienen que la cláusula de revisión de noviembre se debe adelantar para enfrentar la devaluación, y remarcaron también que un eventual bono compensatorio, en línea con lo que hizo Macri a nivel nacional, no es suficiente.

Por el lado de los docentes, piden que la cláusula gatillo se active de modo mensual y no trimestral de acá a fin de año, y también un bono de 5 mil pesos.

Ahora completaron el tablero los judiciales (AJB) y los médicos (CICOP). Los primeros todavía no llegaron a un acuerdo siquiera de la paritaria 2018, y piden la «urgente convocatoria a discutir salarios» ante la «reciente escalada inflacionaria, que no hace más que profundizar el deterioro salarial de las y los trabajadores judiciales», según sostuvieron en una presentación que entregaron al gobierno.

«Pedimos una convocatoria porque seguimos sin negociación», dijo a Contexto Pablo Abramovich, secretario general de la AJB. «El año pasado perdimos quince puntos (32% de aumento contra 47,6% de inflación), y este año el gobierno liquidó la cláusula gatillo a julio, por lo que hasta ahí no tenemos pérdida para 2019. El problema es la perspectiva de lo que viene, con proyecciones de inflación para este año de 60%», añadió el gremialista.

«Hoy, técnicamente la propuesta está 30 puntos abajo de lo que puede ser la inflación. Esto no significa que no vaya a haber nuevos aumentos, sino que lo que pueda pasar es que el gobierno cierre otra vez el año con los salarios por debajo de la inflación», completó.

Por su parte, desde CICOP, que nuclea a profesionales del sistema público de salud, aceptaron «en disconformidad» a mediados de julio una suba salarial del 34% promedio de bolsillo. «Se requiere una nueva discusión paritaria para los trabajadores estatales en general y los profesionales de la salud en particular, porque el escenario con el cual CICOP cerró los acuerdos hace menos de un mes se ha modificado brusca y profundamente», apuntaron en un comunicado.

Con este escenario de reclamos salariales se encuentra el nuevo ministro de Economía bonaerense, Damián Bonari, quien asumió ayer en reemplazo de Hernán Lacunza.

Con este escenario de reclamos salariales se encuentra el nuevo ministro de Economía bonaerense, Damián Bonari, quien asumió ayer en reemplazo de Hernán Lacunza, ahora titular del Ministerio de Hacienda de la Nación tras la renuncia de Nicolás Dujovne.

Se espera que Vidal haga esta semana una serie de anuncios para paliar los efectos de la devaluación en las pequeñas y medianas empresas y la clase media. Lo hará sentada junto a Bonari, quien durante la gestión de Lacunza –resistido por los gremios– fue su mano derecha y habitual integrante de las mesas paritarias.