Por Pablo Pellegrino

El periodista de Clarín, Daniel Santoro, fue procesado en el marco de la investigación por la megarred de espionaje ilegal que instruye Alejo Ramos Padilla. El juez de Dolores concluyó que su participación fue «decisiva» para los planes de la banda de D’Alessio y lo consideró partícipe necesario de los delitos de coacción y extorsión –este último, en grado de tentativa– contra el exdirectivo de la filial argentina de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y el propietario de la firma OPS, Mario Cifuentes. 

Pero además de analizar los casos de Brusa Dovat y Cifuentes, que fueron finalmente los dos casos en los que determinó la participación consciente del periodista en los planes de D’Alessio, el juez realizó un detallado análisis de otros episodios que cuentan con la participación de Santoro como un pilar fundamental del amedrentamiento y la extorsión que llevaba a cabo el falso abogado. 

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Gabriel Traficante y la «mafia de la aduana» 

El caso de la extorsión a Gabriel Traficante, que incluye a varias personas más, es uno de los más complejos. En la resolución, Ramos Padilla desliza una serie de críticas a la inacción judicial frente a la denuncia que hizo Traficante en 2016 en la que, tal como lo hizo Pedro Etchebest, aportó horas de audios que reflejan la extorsión de D’Alessio que, como en otros episodios, amenazaba a su víctima con publicaciones en el diario Clarín firmadas por Daniel Santoro. 

Traficante era investigado por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en la causa que se conoció como «la mafia de la aduana». Allí, nuevamente el testimonio de una supuesta «arrepentida» desnudaba un caso de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno anterior. 

Traficante debía abonar una suma de dinero exigida por D’Alessio para encargarse de «limpiar» su expediente y realizar gestiones para evitar la publicación de su nombre en los artículos de Santoro, cosa que terminó ocurriendo. 

Además de Traficante fueron extorsionados Palomino Zitta y Saturnino Costas. En realidad fueron sus esposas las que mantuvieron contacto con D’Alessio, quien les exigió 500.000 dólares para evitar la prisión de sus maridos en la causa. Esas dos personas, además, recibieron el patrocinio de Rodrigo González, socio del falso abogado, quien les recomendó acogerse bajo la figura del arrepentido y apuntar su declaración contra Traficante, a quien luego dijeron ni siquiera conocer. 

Actualmente, la víctima de la extorsión tiene una causa contra D’Alessio que instruye el juez Luis Rodríguez, de Comodoro Py, y en ese expediente también se analiza el rol de Santoro. 

Una de las preguntas que se hace Ramos Padilla en este caso es cómo un periodista como Santoro no supo que existía un expediente judicial en el que se usaba su nombre para extorsionar personas, que existe desde 2016 y pasó por distintos juzgados y fiscalías, y es sobre un tema del que él mismo escribió artículos. 

Ramos Padilla se preguntó cómo un periodista como Santoro no supo que existía un expediente judicial en el que se usaba su nombre para extorsionar personas, que data de 2016 y pasó por varios juzgados. 

El juez también determina que tanto las amenazas de D’Alessio como la información vertida en las notas publicadas por Santoro en Clarín, donde Traficante era presentado como el jefe de la mafia de los contenedores, nada tenía que ver con la investigación judicial sobre los posibles delitos en la Aduana. Es decir, los datos que publicaba Santoro solo coincidían con los de D’Alessio, pero no con la investigación que llevaba adelante el juez Aguinsky. 

En el marco de esa extorsión, apareció Gladys Fernández, una supuesta militante kirchnerista arrepentida por los delitos cometidos en la Aduana bajo el amparo de funcionarios políticos. Fernández tuvo un curioso raid de indagatorias: declaró cinco veces en diecisiete días. En cada oportunidad ampliaba la información sobre las maniobras realizadas y, curiosamente, todos los datos coinciden con los que se hallaron en las carpetas obtenidas durante el allanamiento a la casa de D’Alessio. De hecho, Ramos Padilla compara –en una hoja dividida– dos documentos que parecen calcados: uno es la declaración de Fernández y otro es el documento hallado en poder del extorsionador. 

El rol de Santoro en este caso no solo fue clave, sino evidente. En primer lugar, efectivamente se publicó la nota con la que D’Alessio había amenazado a Traficante. En segundo lugar, y reconocido por el propio periodista, cuando Palomino Zitta fue extorsionado –como ya se dijo, su esposa fue la víctima de D’Alessio– en los pasillos del juzgado donde estaba indagado, el juez Aguinsky mantuvo una reunión en su despacho con el falso abogado y con Santoro. De esa situación fue testigo la mujer de Zitta, pero también fue reconocido por el propio Santoro en su declaración. 

Finalmente, en el programa Animales Sueltos, Daniel Santoro entrevistó a la arrepentida despachante de aduana que se definió como «kirchnerista pura». Lo curioso es que en esa entrevista estaba presente Marcelo D’Alessio –se encontraron fotos en sus teléfonos que muestran la trastienda de la conversación– e incluso se ve que quien maneja la cámara para la entrevista es el hijo del falso abogado. 

La disputa por Fariña

«Un off entre vos y yo. Llamé a Majul de buena onda y le adelanté en off que lo iba a llamar Fariña para pedir su visto bueno. Le proponía limitar las preguntas solo a Echegaray y dejarle CFK y otros temas. Se enojó con Fariña, me dijo que era su primicia negociada durante meses y que si le da una nota a Animales Sueltos no lo invitará más a La Cornisa. Está loco. Se cree que tiene una investigación para ganar el Pulitzer. Un abrazo». Este es uno de los mensajes que obran en la causa y fue enviado por Santoro a D’Alessio. «Ah, un pelotudo fosforescente. Apagás la luz y te das cuenta que hay un pelotudo en la habitación», fue la respuesta del falso abogado. 

En el allanamiento que se hizo en su casa del country Saint Thomas, en Canning, el espía tenía un archivo titulado: «Capacidad de orientar contenidos de declaraciones de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión preventiva a Ricardo Echegaray». 

En ese sentido, el juez también detalla que hubo una reunión en un restaurante de Capital entre D’Alessio, Santoro, Fariña y los abogados Rodrigo González y Gustavo González. 

Lo que analiza Ramos Padilla es que el diálogo que mantuvieron Santoro y D’Alessio sobre la disputa de la primicia con Luis Majul no es anecdótico, sino que muestra una llamativa coincidencia entre la intención del periodista de centrar su entrevista en la figura de Echegaray y la carpeta encontrada en poder del supuesto agente de la DEA para direccionar la declaración de Fariña en ese mismo sentido. 

«El mecanismo» y el GNL

La denominada «Causa GNL» que investiga el presunto pago de sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado, por la que fue desaforado y detenido Julio De Vido y también Roberto Baratta, también es reveladora en cuanto al blanqueo de pruebas obtenidas ilegalmente. 

Ramos Padilla analiza varios ejes sobre este caso, en particular los datos obtenidos en el allanamiento a D’Alessio, donde se encontró una carpeta titulada «De Vido, Baratta, Moyano y D’Elía», en la que detalla algunas de las actividades de inteligencia que realizó. 

De allí se desprende una cita del propio falso abogado en la que dice haber estado «infiltrado» entre los directivos ENARSA durante el gobierno anterior y manifiesta que se encuentra en ese momento confeccionando un libro junto a Santoro sobre cómo era la supuesta maniobra de corrupción. En ese último punto, analiza que tras la publicación del libro, el juez de la causa –en este caso, Bonadio– debía llamar a declarar a «las fuentes en ON» de ese trabajo, es decir, él mismo. Cosa que finalmente ocurrió. La causa estaba a punto de caerse por una pericia trucha, pero el testimonio de D’Alessio la reavivó. 

«La maniobra buscó introducir prueba ilegalmente obtenida a partir de una declaración presuntamente desinteresada, pero orientada a los fines específicos buscados por la organización. Para ello se realizó una operación compleja que incluía la infiltración en un espacio institucional, la recolección de información –incluso de bases de datos de acceso restringido–, el análisis de esa información, la publicación de un libro y la presentación ‘espontánea’ ante una fiscalía federal para aportar documentación recibida ‘anónimamente’», explicó en su resolución el magistrado de Dolores.