En un mes marcado por múltiples casos de gatillo fácil que trascendieron en los medios, el fatal hecho conocido como la «Masacre de Monte» continúa en rumbo de investigación. En este caso, el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, ordenó la prisión preventiva para once de los trece acusados: diez efectivos policiales y un funcionario de la gestión municipal conducida por la intendenta Sandra Mayol.

Al secretario de Seguridad de Monte, Claudio Martínez, se le suman los efectivos policiales Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez como participantes de la persecución a bordo del patrullero desde donde se profirieron disparos.

«Creo que es un fallo donde lo más importante e impactante es la forma en que reivindica el coraje de los vecinos, que de manera unívoca se presentaron a declarar por decenas»

A su vez, se dictó prisión preventiva también para los efectivos Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por «falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».

«Creo que es un fallo donde lo más importante e impactante es la forma en que reivindica el coraje de los vecinos, que de manera unívoca se presentaron a declarar por decenas, cada uno contando la parte de la persecución que vio, aportando videos caseros que alcanzaron a tomar y que junto a las cámaras de seguridad municipales permitieron desarticular en cuestión de horas lo que en principio se presentó como un accidente de tránsito», dijo a Contexto María Del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entidad que acompaña el avance de la causa.

Cabe señalar que los casos de «gatillo fácil» han tomado una mayor profundidad ante el impulso del propio gobierno frente a lo que denominó como «Doctrina Chocobar», de fuerte respaldo al uso indiscriminado de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.

La resolución de Silva Pelossi reinstaló el tema luego de semanas de que los grandes medios lo diluyeran en pleno marco de campaña de cara a los cierres de listas para las PASO. «Esto es una traducción a nivel provincial de la campaña a nivel nacional que está llevando adelante el oficialismo, del ‘voto bala’ y el ‘voto cárcel’. Lo sucedido en Monte es una consecuencia directa de esa política», agregó la responsable de la CORREPI.

La Masacre de Monte fue el resultado de una persecución policial en la que un patrullero abrió fuego contra el Fiat 147 donde viajaban cinco personas. Como consecuencia del operativo, el auto chocó y provocó la muerte de cuatro de los que se encontraban dentro: Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14). Con graves heridas, la única sobreviviente fue Rocío Quagliariello, quien cumplió catorce años hace apenas días.

«Esto es una traducción a nivel provincial de la campaña a nivel nacional que está llevando adelante el oficialismo, del ‘voto bala’ y el ‘voto cárcel'»

La renovación policial de Ritondo, manchada de sangre

Como producto de la presión social generada por el fatal episodio de Monte, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo debió apresurarse a presentar nuevos titulares en la fuerza de Seguridad en ese municipio: el nuevo jefe de la Comunal, el comisario Daniel Bogado, y el subcomisario Marcos Panatti, a cargo de la Jefatura de Estación. Ambos fueron designados allí junto a Marcelo Silveyra, nuevo jefe departamental en el municipio de San Vicente, y otra figura ubicada por Ritondo como renovación de la fuerza bonaerense.

Lo llamativo es que el propio Silveyra es investigado por el homicidio de Carlos Castello, un ecologista de Lobos que fue hallado sin vida en su residencia en 2008. En un principio, el caso fue caratulado como suicidio, pero investigaciones posteriores, acompañadas por la Comisión Provincial por la Memoria, arrojaron indicios de que Castello había sido secuestrado, golpeado y asesinado. Ante la nueva evidencia fueron citados a indagatoria, hace dos semanas, nueve policías que cumplían funciones en la delegación de Lobos en 2008. Entre ellos, Silveyra.