Familiares y amigos de Diego Cagliero, acompañados por los diputados de Unidad Ciudadana Miguel Funes y Juan Debandi, brindaron una conferencia de prensa para exigir justicia por el joven de treinta años que murió alcanzado por una bala policial en Martín Coronado, partido de Tres de Febrero.

Los hechos ocurrieron el 19 de mayo pasado. Diego y sus amigos fueron a un supermercado, donde tuvieron una discusión con uno de los trabajadores del lugar, que los acusó de intentar robar bebidas. Superada la discusión, los jóvenes se fueron en una camioneta y unos cuarenta minutos más tarde fueron interceptados por fuerzas policiales, quienes desataron una balacera contra el vehículo que terminó con la vida de Diego y con sus amigos detenidos.

En la conferencia de prensa, el diputado Miguel Funes calificó este hecho como «otro caso de gatillo fácil impulsado sin dudas por la Doctrina Chocobar» que pasó «casi inadvertido, soslayado por otro hecho brutal», en referencia a la Masacre de Monte, que terminó con cuatro jóvenes muertos en un contexto similar.

Funes: «Es otro caso de gatillo fácil impulsado sin dudas por la Doctrina Chocobar, que pasó casi inadvertido, soslayado por otro hecho brutal como la Masacre de Monte».

Ante una «parálisis en la investigación», los legisladores de Unidad Ciudadana impulsaron un pedido de informes y una carta dirigida al fiscal general, Marcelo Lapargo, a la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, Gabriela Disman, y al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

«Asumimos este compromiso y entendemos que esta casa de leyes debe ser un lugar donde todas las víctimas y todas las personas que están sufriendo la brutalidad de este gobierno provincial tienen que tener un lugar para expresarse», sostuvo Funes, quien ratificó la búsqueda de la verdad y de la justicia.

Por su parte, Adriana, la madre del joven, apuntó contra el intendente Diego Valenzuela, quien celebró el accionar policial alegando que había desbaratado a un «comando armado». En ese sentido, la mujer dijo que «sí, hubo un comando armado. Ese comando era la comisaría de Eufrasio Álvarez. Fue planificado. Sabían qué estrategia seguir. Había una intención de matar», sostuvo. En ese sentido, la madre de Diego recordó: «Nadie preguntó qué había pasado (en el supermercado)», sino que «los esperaron para matarlos».

La familia señaló que sólo se incautaron cuatro armas policiales, cuando habían participado al menos diez efectivos, por lo que instaron a las autoridades judiciales a que «hagan lo que corresponden» y avancen con la investigación, al tiempo que apuntaron contra Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo.

«El ministro nos recibió. Me tocaba el brazo. Yo no necesito salir a decir que me atendieron. Necesito salir y decir que hicieron algo por mi hijo. Esta gente tiene una política de Estado. Ustedes lo saben, yo lo sé; van a matar primero y después van a preguntar. Nosotros queremos la verdad. No vamos a borrar la verdad. El hecho es que mi hijo salió del supermercado sin nada. No lo pueden imputar por eso porque está muerto, no porque tenga voz para defenderse», sostuvo Adriana.

Adriana: «Nosotros queremos la verdad. El hecho es que mi hijo salió del supermercado sin nada. No lo pueden imputar por eso porque está muerto, no porque tenga voz para defenderse».

En ese sentido, la madre del joven instó a la gobernadora «a que tenga un halo de claridad, que se le caiga una idea, que nos atienda y nos dé una solución, que se investigue hasta el último responsable».

En el mismo sentido, Horacio, el padre de Diego, sostuvo que «la responsabilidad intelectual es de la gobernadora. Es la primera responsable de todo esto».

El diputado por Tres de Febrero Juan Debandi asumió el compromiso como cuerpo de legisladores de seguir de cerca el pedido de justicia de la familia. «Vamos a estar activamente comprometidos con esta lucha, porque creemos que hay que recordar siempre a Diego pero, por sobre todas las cosas, hay que trabajar para que este, como tantos casos más, sirvan para que la sociedad, y quienes tienen responsabilidad en el Estado de llevar políticas de seguridad y de construcción de la ciudadanía, se hagan cargo, nos hagamos cargo, y que estas cosas no vuelvan a pasar más».

Al mismo tiempo, Debandi destacó la importancia de ocuparse de la situación del resto de los chicos que estaban en la camioneta, quienes hoy se encuentran imputados, y Ángel, uno de ellos detenidos.

«Queremos que funcionarios de la Justicia que se tienen que hacer cargo de esto se hagan cargo y pedir a la gobernadora María Eugenia Vidal que reciba a esta familia, que los escuche personalmente, que se haga cargo la gobernadora. Es la máxima autoridad y tiene que ser quien realmente corresponda y ponerse al frente de que se encuentren respuestas», concluyó Debandi.