La controversial decisión de María Eugenia Vidal de pasar la administración de los puertos bonaerenses a consorcios con participación de entidades privadas provocó el rechazo inmediato de los trabajadores, que observan la medida como una maniobra de virtual privatización del sector. Para visibilizar la situación, los portuarios marcharon a CABA para decirle No a la iniciativa de Cambiemos.

Si bien la situación viene siendo denunciada desde hace meses, la presencia a nivel mediático ha sido escasa y solapada, por lo que un nutrido sector de trabajadores y sindicatos decidieron llevar el reclamo ayer a una movilización de distintos puntos de la provincia hacia la Capital Federal. Con motivo del Día de la Soberanía de Malvinas, partieron desde San Nicolás al Congreso y luego a la Embajada británica.

«Vidal decretó que el puerto se convierta en un consorcio de gestión. Un término técnico muy vinculado a la década de los noventa»

«La gobernadora decretó en marzo que el puerto, que depende de Provincia, se convierta en un consorcio de gestión. Un término técnico muy vinculado a la década de los noventa y que vemos como una privatización. Por eso estamos llevando adelante un recurso de amparo ante la Justicia para denunciar la inconstitucionalidad de esta medida», expresó Martín Riccardini, integrante del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) en San Nicolás.

Cabe recordar que la medida de la gobernadora se enmarca en un proceso de descentralización de la administración de los puertos para generar consorcios no estatales, hecho que ya tuvo lugar en la terminal de Dock Sud y la de Coronel Rosales.

De esta manera, según denuncian los gremios y sectores políticos, se ponen en peligro 3.500 puestos de trabajo, ya que el artículo 4 del decreto expresa que «se transferirá al Consorcio el personal de la Delegación Portuaria San Nicolás y el de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias». Sin demasiadas precisiones, los gremios están en alerta sobre cuál será la real reubicación de los puestos de trabajo y si, de hecho, no derivará en oleada de despidos.

En tanto, la judicialización del problema fue impulsada también por la legisladora bonaerense Cecilia Comerio, oriunda de San Nicolás, quien exige que se frene la medida para ser rediscutida en tablas.

«Por un lado, está en juego la estabilidad laboral. Hay una parte de los trabajadores que son empleados públicos de Provincia, y a partir de este convenio pasarían a ser empleados de un consorcio sin saber con exactitud qué figura legal les competería. No están dadas las garantías del empleado público», indicó a Contexto la senadora Comerio.

«está en juego la estabilidad laboral. una parte de los trabajadores son empleados públicos de Provincia, y ahora pasarían a ser empleados de un consorcio»

«Por otro lado, consideramos que es inconstitucional porque se utilizó en el caso de San Nicolás el mismo criterio que se usó para el consorcio de Dock Sud. Y lo cierto es que son dos puertos distintos. Nosotros decimos que es de San Nicolás, pero es el Puerto Paraná Inferior –abarca de Campana, Zárate, hasta San Nicolás–, ahí ya falta representación de esos municipios. Además, falta representación de cámaras empresariales –son nueve y el decreto sólo estipula cinco–», agregó la senadora.

La acción conjunta entre el bloque de Unidad Ciudadana y los sindicatos, donde también confluye la CGT, continúa en la pugna por llevar la discusión al plano judicial y detener esta medida.