Por Pablo Pellegrino

El juez Juan Manuel Ramos Padilla, padre del magistrado de Dolores que investiga la mega red de espionaje ilegal que integraban espías, funcionarios judiciales, políticos y periodistas, se instituyó formalmente el martes como abogado defensor de su hijo en el expediente disciplinario que inició el representante del Gobierno ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, que los acusó por mal desempeño en la investigación.

La denuncia promovida por la Casa Rosada cuestionaba la participación del juez en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso a la que fue citado por un grupo de diputados y donde dio información sobre el expediente que se inició con la denuncia por extorsión que hizo el empresario Pedro Etchebest a principios de febrero y que involucra al fiscal Carlos Stornelli.

La delicada situación del fiscal declarado en rebeldía hace más de dos meses cambió rotundamente en los últimos días e incluso volvió a dar entrevistas luego de un largo período de silencio. La filtración de escuchas ilegales que “probarían” un supuesto complot en su contra para perjudicar la denominada causa Cuadernos y el apoyo explícito que recibió al compartir un acto público junto a Mauricio Macri, desataron un nuevo capítulo en la ofensiva de Comodoro Py contra Dolores.

Lo extraordinario del caso es que las escuchas, que formaban parte de una investigación completamente ajena tanto al expediente de las fotocopias como al de espionaje ilegal, están en poder de Claudio Bonadio en el juzgado Nº 11 de Capital Federal, donde comparte oficina con Stornelli, ambos imputados en la causa de Ramos Padilla.

La formalización de Juan Manuel Ramos Padilla como defensor de su hijo llegó con una nota dirigida tanto al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Ángel Pichetto, como al resto de los integrantes del cuerpo. Allí denuncia la imposibilidad de asistir a su defendido porque “por pedido explícito del Dr. Bonadio” las escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza aportadas al expediente no podían ser exhibidas ni entregadas.

“Resulta irónico que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo de la Magistratura el acceso a la prueba para ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520”, cuestiona Ramos Padilla padre en el escrito, y agrega: “Habrá que determinar, urgentemente, cómo es que pudo filtrarse a la prensa un material tan altamente clasificado”.

Además de pedir el acceso a la prueba para realizar la defensa del magistrado acusado de mal desempeño, solicita también la suspensión de los plazos procesales hasta que no le garanticen ese acceso.

La filtración de escuchas ilegales ha sido una constante en los cuatro años de Macri, pero en las últimas semanas han revestido una gravedad institucional aun mayor ya que trascendieron diálogos entre abogados y sus defendidos.

El abogado Alejandro Rúa, que representa al ex subsecretario de coordinación estratégica del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, realizó un pedido formal al Colegio Público de Abogados de Capital Federal para que la Comisión de Defensa del Abogado de ese organismo tome intervención ante la filtración de las pinchaduras de teléfonos del penal de Ezeiza.

Según publicó en sus redes sociales, el expresidente de ese órgano colegiado, Jorge Rizzo, “el Colegio Público de Abogados solicitó audiencia al Presidente de la Corte Dr. Rosencrantz”, en la que manifestó su “escozor por el festival de escuchas y solicitó se inicien las investigaciones del caso”. Según Rizzo, la Corte comparte la preocupación y “se comprometió a hacer lo posible”.