En un nuevo capítulo de la lucha iniciada a fines del año pasado, la comunidad de Tolosa se encamina a dar un paso más en la pelea por rediscutir la cuestionada obra del paso bajo nivel de 1 y 32, impulsada por el gobierno de Julio Garro y que se ganó el descontento de buena parte de la población. La puesta en marcha de una audiencia en la Justicia para evaluar el impacto ambiental de la construcción puso la lupa, una vez más, en las demandas vecinales que hasta ahora la Comuna decidió ignorar.

«En este momento estamos sin intendente, es así de sencillo. La Comuna ha evadido todo este tiempo la discusión que pusimos sobre la mesa y ahora necesitamos que la Justicia, en este caso en instancia bonaerense, nos dé una respuesta», fue la definición que lanzó el ingeniero Carlos Di Giglio, uno de los principales activistas de la comunidad que alzó su voz contra la obra del paso bajo nivel que, según argumentan, generará un «enorme daño urbano al trazado de la ciudad».

«Este Gobierno, tanto a nivel local como Nacional, lo que necesitan ahora es mostrar obras terminadas, más allá de que sean buenas o malas»

Cabe recordar que los vecinos que se han organizado contra el avance de la obra sostienen que la inserción de un paso bajo nivel en 1 y 32, como complemento de la electrificación de la línea Roca, provocaría un aislamiento rotundo de ambos lados de la vía. A su vez, expresan que el propio trazado del túnel cortaría la fluidez del tránsito en la zona comercial de Tolosa, con consecuencias en la actividad comercial de esa región, como también la necesidad de nuevas obras complementarias para ayudar a conectar ambos lados, lo que implicaría aumentar aún más el presupuesto.

En diálogo con Contexto, Di Giglio fue lapidario: «Este gobierno, tanto a nivel local como nacional, lo que necesitan ahora es mostrar obras terminadas, más allá de que sean buenas o malas. Y acá, a los ciudadanos platenses nos dejan un problemón, que puede tardar décadas en solucionarse».

Tanto el ingeniero como otros miembros de la comunidad fueron recibidos ayer en la audiencia que se llevó adelante, como parte del amparo ante la Justicia que impulsó el diputado provincial Guillermo Escudero. Allí también concurrió el arquitecto y docente universitario Gustavo Cremaschi, que también ha jugado un rol fundamental en la discusión.

«La medida cautelar va a requerir a Nación que conteste con información sobre los permisos que existen para ejecutar la obra por parte de Provincia. Nosotros sostenemos que se han trasgredido las regulaciones de impacto ambiental, así que calculamos que habrán respuestas para la semana que viene», dijo el arquitecto.

Desde el sector de vecinos y profesionales sostienen que hay una estrategia empresarial para que la obra avance lo antes posible, en tanto el proceso jurídico siga dilatándose. «Nosotros hemos actuado siempre a derecho y la respuesta del Estado siempre ha sido evasiva. Muy tardíamente, Provincia ha dado lugar a la discusión», agregó Cremaschi.

«Nosotros sostenemos que se han trasgredido las regulaciones de impacto ambiental»

Durante la audiencia se volvió a hacer hincapié sobre la Ley 11.723 que regula lo referido a impacto ambiental en la provincia de Buenos Aires, que obliga a requerir información detallada sobre el impacto de cualquier obra. Mientras tanto, los vecinos de la zona siguen a la expectativa de la evolución del caso y no pierden esperanzas de que la obra pueda ser frenada para rediscutirse el proyecto.

«Como ciudadana, esto me genera mucha preocupación, porque hoy es esta obra –que se realiza porque el Ministerio de Transporte de la Nación lo dispone y que pasa por alto nuestras ordenanzas– y si lo permitimos, ¿mañana qué será? ¿Es legal que esto suceda? También se infringen y se pasan por alto varias leyes provinciales y nacionales, pero eso quedará para otra publicación (les aseguro que son muchas las leyes que no se cumplen)», expresó Mariana, docente y vecina de la zona, a través del foro de redes sociales donde los vecinos intentan visibilizar la problemática.