Los medios de comunicación alternativos y comunitarios fueron unos de los principales sectores afectados por las políticas impulsadas por el macrismo, en especial tras el desguace de las garantías establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa línea, los medios populares ahora pelean por mantenerse en pie en un contexto de pleno retroceso de derechos conquistados durante la anterior gestión.

Es por esa misma pelea que la señal Barricada TV ahora enfrenta un proceso judicial que pone en jaque a la señal frente a la concentración de las grandes empresas de la comunicación, favorecidas por las políticas oficiales en el área. La directora de la señal alternativa, Natalia Vinelli, es acusada por una protesta realizada el año pasado donde exigía que se cumpliera la integración de la señal dentro de la grilla de las cableoperadoras Telecentro y Cablevisión.

«El 17 de diciembre, los medios comunitarios realizamos una protesta pacífica frente a Canal 13: no se forzó ninguna reja, no se rompió absolutamente nada»

«El 17 de diciembre, los medios comunitarios realizamos una protesta pacífica frente a Canal 13: no se forzó ninguna reja, no se rompió absolutamente nada ni se utilizó la fuerza física contra ninguna persona, tampoco se tomó el canal, ya que ni siquiera se ingresó al edificio; el estacionamiento donde se realizó la protesta estaba abierto y pertenece al Gobierno de la Ciudad, no es propiedad privada de Canal 13», expresaron a través de un comunicado oficial desde Barricada TV.

«Las firmas no están cumpliendo con la obligación, por ley, de incluir a Barricada TV en sus grillas. Nos cansamos de enviar cartas documento. Hicimos una protesta pacífica y manifestamos justamente la demanda. Por supuesto no nos atendieron y además sostuvieron que hicimos un ingreso violento a Canal 13», expresó Vinelli, en diálogo con Contexto, quien hoy deberá presentarse a declarar ante la Justicia.

Además de Vinelli, se encuentran imputados el dirigente político Juan Grabois; el referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini; el delegado Tomás Eliaschev, del sindicato de prensa SIPREBA; Omar Zanarini de Radio Gráfica y José María Di Bello.

«A Natalia Vinelli la imputan con el artículo 58 del Código Contravencional, que tiene que ver con el derecho de admisión. Implica permanecer en un lugar de acceso privado en contra de la voluntad de quien tienen la titularidad. En este caso se trata de un grupo de personas que estaba en un estacionamiento abierto, no restringieron el paso de nadie. Fueron con el objetivo de hacer un reclamo concreto, para tener una entrevista con alguien del Grupo Clarín», explicó el abogado Martín Alderete.

En el comunicado se agrega: «No hay ni una sola foto ni video que sostenga que haya habido violencia, simplemente porque son mentiras que los medios masivos repiten con el fin de estigmatizar a los dirigentes sociales que allí se encontraban, y de ocultar el problema de fondo referido al derecho a la información, la pluralidad de voces y la libertad de expresión».

En 2015 Barricada TV obtuvo la licencia de televisión abierta por concurso público, con un área de emisiones asignada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer cordón del Conurbano bonaerense. Luego de ser interferidos –según denuncian, de manera ilegítima– por Canal 13 durante un año, la señal fue reubicada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el 32.1 de la grilla de la TDA. La emisora se halla habilitada por el Estado Nacional desde junio de 2018 y cumple con la totalidad de los recaudos exigidos por la ley y su autoridad de aplicación.

«Nos cansamos de enviar cartas documento. Hicimos una protesta pacífica y manifestamos justamente la demanda»

«No sólo las empresas Cablevisión y Telecentro no cumplen con la ley, sino que además criminalizan a los que protestan por sus derechos», denunciaron desde el sector.

En tanto, las organizaciones que pugnan por la pluralidad de voces llaman a movilizarse hoy martes a las 12 hs en el juzgado (Beruti 3300), donde realizarán una conferencia de prensa «en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la protesta».