La difusión de las escuchas ilegales de conversaciones de dirigentes y exfuncionarios kirchneristas presos en los programas televisivos de Jorge Lanata y Luis Majul son prueba, según la defensa del fiscal Carlos Stornelli, de que toda la causa por espionaje ilegal que investiga el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue una operación armada para perjudicar su trabajo al frente de la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Con los dos informes televisivos como piedra basal de la supuesta operación, el abogado del fiscal rebelde se presentó en el juzgado de Claudio Bonadio –quien comparte la instrucción de la causa por presuntas coimas en la obra pública con el propio Stornelli– y pidió que convoque a indagatoria al exembajador argentino ante el Vaticano, Eduardo Valdés, al exsubsecretario de Coordinación Estratégica del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, al exministro de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y Carlos Zelkovicz, también exfuncionario.

La historia de la denominada «Operación Puf» comenzó al mismo tiempo que el expediente de Dolores. Inicialmente fue Elisa Carrió quien se presentó ante el juez Bonadio para denunciar una asociación ilícita integrada por los exfuncionarios presos que, desde la cárcel, habrían realizado un increíble despliegue para «hacerle la cama» a Stornelli.

En paralelo, el fiscal rebelde denunció a Marcelo D’Alessio por utilizar su nombre para extorsionar al empresario Pedro Etchebest, que sería desvinculado de la causa de las fotocopias si abonaba una coima de 300 mil dólares. Finalmente, Ercolini decidió enviar todo el expediente a Bonadio porque el expediente se trataba de lo mismo que denunció Carrió.

En febrero de este año, al incipiente escándalo que involucró a Stornelli se le sumó la difusión de transcripciones de escuchas ilegales por parte de Carrió y de las diputadas de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Oliveto. Resulta que los teléfonos del penal donde se encuentra privado de su libertad Roberto Baratta habían sido intervenidos por un juez de Lomas de Zamora que instruía una causa contra Mario Segovia, apodado «el rey de la efedrina», expediente completamente ajeno al exfuncionario.

En esos días también se conoció que uno de los hijos de Stornelli curiosamente trabajaba en la oficina de transcripciones de escuchas de la Corte Suprema.

Este domingo, las voces de Valdés, Schiavi, Baratta y Zelkovicz volvieron a sonar en la televisión. En el programa de Jorge Lanata, el informe fue presentado como un plan de impunidad orquestado por Cristina Fernández de Kirchner.

En la ampliación de la denuncia que presenta el abogado de Stornelli, sostiene que «la aparición de las escuchas legales demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo y en realidad tuvo algún éxito, pero finalmente se acabó el ‘puf puf'», y advierte que desde que comenzó la instrucción en Dolores «se inició una investigación de cualquier cosa, de cualquier época y de cualquier persona». De acuerdo con lo que manifiesta el abogado en su escrito, todo apunta a que Stornelli no se presentará en su quinto llamado a indagatoria el próximo 31 de mayo en el juzgado de Dolores.

Según los programas televisivos que difundieron las escuchas y también para la defensa del fiscal, el conocimiento que tenía Valdés de la denuncia que realizó el empresario Etchebest, y la posterior comunicación con Baratta y Schiavi, demuestran el «armado» de la causa con el objetivo de «tumbar» el expediente de las fotocopias.

Más allá de los audios difundidos, las pruebas reunidas en el expediente de Ramos Padilla dan por tierra la teoría del armado de la causa. La megarred de espionaje ilegal que se investiga en Dolores no comenzó en diciembre de 2018, cuando se produjeron las conversaciones entre exfuncionarios, sino que va mucho más allá. También es curioso que un grupo de personas logre desde la cárcel vincular a un falso abogado que tuvo relaciones con altísimos funcionarios del macrismo con el fiscal.

Uno de los argumentos más repetidos es que en las escuchas los «operadores» apuntados hablan del tema diez días antes de que comience la instrucción, lo que tampoco parece ser un motivo para determinar el supuesto armado.

La denuncia realizada ahora por la defensa de Stornelli choca directamente también con los fallos tanto de la Cámara Federal de Mar del Plata como de la Cámara de Casación Penal de Capital Federal, que no sólo convalidaron el trabajo de Ramos Padilla, sino que también ratificaron su competencia en la causa. «Ahora resulta que la Cámara Federal de Mar del Plata y la Sala II de la Cámara de Casación Penal forman parte de una operación para asegurar impunidad», cuestionó en esa línea la abogada Natalia Salvo, que representa al abogado Etchebest.