Gonzalo Domínguez (de 14 años), Camila López y Danilo Sansone (de 13 años) y Aníbal Suárez (de 22 años) fallecieron como consecuencia del accionar de la Policía bonaerense, que «no respetó ninguno de los principios sobre el uso racional y proporcional de las armas de fuego», según expresaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Rocío Guagliarello (de 13 años) es la única sobreviviente y se encuentra internada en terapia intensiva pediátrica del Hospital de Alta Complejidad El Cruce, de Florencio Varela.

Luego de una serie de disparos por parte de la policía, el auto en el que iban los chicos perdió el control y chocó de frente con un camión. Al momento de radicar la denuncia, los policías omitieron plasmar detalles relevantes del caso en las actas para cubrirse. Son trece los miembros de la Policía bonaerense apartados hasta el momento. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó en una entrevista realizada sobre este tema en el programa Corea del Centro de NetTv que «hay muchos casos como el de [Luciano] Arruga que terminaron demostrándose que todo lo que se había construido era mentira».

los asesinatos de estos chicos no pueden ser considerados un hecho AISLADO, sino que se inscriben en prácticas y rutinas «que asumen la violencia y la desprofesionalización como criterio rector».

«Sus muertes no ​pueden ser tratadas por las autoridades políticas como una ​tragedia​ en la que no tienen responsabilidad», expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Además, agregaron que estos fallecimientos son consecuencia «del endurecimiento de la política de seguridad y de los mensajes que alientan a​ que la policía dispare en cualquier circunstancia», y que existen numerosas denuncias de persecuciones de autos a los tiros. «La tolerancia y promoción de estas prácticas conducen a que el Estado mate y a que la policía nos imponga el miedo», sentenciaron.

Paula Livachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, dijo respecto de la «doctrina Chocobar» que impulsa el gobierno nacional: «Este es un mensaje que vienen dando desde que comenzó la gestión, donde la policía, para intervenir en materia de seguridad, puede hacer cualquier cosa». En este sentido, explicó que desde el Ministerio de Seguridad «hay una idea de que no se puede controlar de ninguna manera a la policía, porque algún tipo de control implicaría restringir sus facultades e impedir que cumplan realmente con su función. Casos como este muestran las consecuencias fatales de una política de seguridad que avala o que incentiva que la policía actúe de este modo, que no controle, que se le dé autonomía».

este caso «evidencia la violencia y la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad y confirma las graves consecuencias de una política de seguridad que, además de ineficiente, viola gravemente los derechos humanos».

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundieron un comunicado donde sostuvieron que los asesinatos de estos chicos no pueden ser considerados un hecho aislado, sino que se inscribe en prácticas y rutinas «que asumen la violencia y la desprofesionalización como criterio rector». En esta línea, agregaron que este caso «evidencia la violencia y la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad y confirma las graves consecuencias de una política de seguridad que, además de ineficiente, viola gravemente los derechos humanos». Respecto de la responsabilidad del gobierno, expresaron que esta es «una nueva masacre en la que la intervención estatal causa la muerte de jóvenes a los que les debe particular protección. No se trata de un hecho lamentable, sino del emergente de la promoción estatal de la violencia policial».

En esta línea, desde la CPM repudiaron no sólo las políticas ministeriales, sino también los discursos de las máximas autoridades del gobierno nacional y provincial, «que justifican y promueven graves violaciones de derechos humanos» y pretenden condicionar investigaciones judiciales, como lo ocurrido en la causa por el fusilamiento de Rafael Nahuel. «La CPM exige que se tomen medidas efectivas para evitar la repetición de estos hechos gravísimos que afectan el Estado de derecho y para garantizar una investigación pronta y eficiente que haga justicia por las víctimas», culminaron, y recordaron que estas muertes se suman a las de las Comisarías Primera de Pergamino y la Tercera de Esteban Echeverría, en manos del accionar represivo policial.