Ramos Padilla pidió el desafuero de Stornelli y lo citó nuevamente a indagatoria

Luego del fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata que confirmó la rebeldía del fiscal de la causa de las fotocopias, el juez de Dolores le requirió al procurador Eduardo Casal "urja el procedimiento para lograr la remoción y/o desafuero" de Stornelli y fijó una nueva audiencia para el próximo 31 de mayo. Además, Aníbal Fernández pidió ser querellante en la causa de espionaje ilegal.

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Por Pablo Pellegrino 

El juez Alejo Ramos Padilla le requirió el viernes al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que «urja el procedimiento para lograr la remoción y/o desafuero del Fiscal Federal Carlos Stornelli», y fijó una nueva fecha para la indagatoria del fiscal declarado en rebeldía hace dos meses.

La resolución del magistrado de Dolores se conoce luego de que la Cámara Federal de Mar del Plata le dijera al juez que, en lugar de solicitarle a Casal que intervenga para lograr indagar a Stornelli, directamente tendría que haber avanzado en el pedido de desafuero.

También recuerda el juez que el fallo de la Cámara marplatense establece la posibilidad de levantar la calificación de rebelde contra Stornelli siempre que se presente voluntariamente a la indagatoria que esquivó en cuatro oportunidades.

El día anterior a que Ramos Padilla pidiera con urgencia el desafuero de Stornelli, Eduardo Casal decidió iniciar un sumario administrativo que había sido recomendado por el Consejo Evaluador de la Procuración, que se sustanciará recién en dos meses. La medida será instruida por el fiscal Marcelo Retes.

«Según información periodística –pues este juzgado aún no ha sido formalmente comunicado de ello–, el Consejo Evaluador habría emitido dictamen el 14 de este mes, en el que se recomendó al Procurador Casal la apertura de un sumario administrativo», recordó en su fallo Ramos Padilla, y agregó que «hasta donde se conoce, el Procurador General Interino aún no habría adoptado resolución alguna».

En el marco de la escasa actuación del jefe de los fiscales sobre el escándalo que envuelve a Stornelli, la recientemente conformada Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal pidió el pasado miércoles, en la primera reunión de sus integrantes, que se convoque a Eduardo Casal a dar explicaciones el próximo 4 de junio.

La senadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun dijo en sus redes sociales que «es un verdadero escándalo que la presidencia de la Comisión Bicameral encargada del Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal esté en manos de Cambiemos, principales responsables del enchastre institucional que significa la causa D’Alessio y su asociación ilícita», y agregó: «Resulta absolutamente necesario que en su condición de Procurador General Interino Eduardo Casal asista el próximo martes 4 de junio para dar explicaciones sobre el escándalo más grande de la historia».

Por otro lado, el viernes también se presentó en el Tribunal Federal de Dolores el ex jefe de Gabinete durante el segundo mandato de CFK, Aníbal Fernández, para pedirle a Ramos Padilla ser aceptado como querellante en la causa. Según él, del testimonio del fiscal Juan Ignacio Bidone, procesado en la causa por colaborar con la red de espionaje ilegal que integraban, entre otros, D’Alessio y Stornelli, se desprende la participación de las diputadas nacionales Elisa Carrio y Paula Oliveto en la fuerte campaña de desprestigio que sufrió durante la campaña presidencial de 2015, al ser señalado partícipe del triple crimen de General Rodríguez. En su declaración, Bidone había dicho que D’Alessio insistía en que Elisa Carrió pedía que se involucre a Aníbal Fernández en el tráfico ilegal de efedrina.

Cabe recordar que, en su exposición en el Congreso Nacional cuando fue convocado por la Comisión de Libertad de Expresión, Ramos Padilla había señalado a legisladores y periodistas como «usuarios» de la red de espionaje ilegal. Entre ellos se encontraban Carrió y Oliveto; esta última incluso había recibido mensajes de D’Alessio el mismo día en que allanaron su casa del barrio Saint Thomas de Canning. El falso abogado se dirigía a la diputada como «Pau» y le comunicaba que había logrado reunir pruebas para demostrar que la causa que se investiga en Dolores estaba armada y que quería entregarselas.

Días después, Paula Oliveto y Mariana Zuvic presentaron una denuncia en la que acusaban a dirigentes de la oposición de realizar una «operación» y ofrecieron como pruebas transcripciones de escuchas telefónicas que, según ellas, recibieron en un sobre anónimo.