Por Pablo Pellegrino

Luego de las presiones que recibieron por parte de funcionarios del gobierno y los principales medios de comunicación, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que aclaró que el pedido del expediente al tribunal que desarrollará el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner por la denominada causa “Vialidad” no implica la suspensión de su comienzo.

El comunicado tuvo que ser publicado dos veces en el Centro de Información Judicial (CIJ) porque el primero era un borrador con anotaciones y aclaraciones. Allí explicaron que “esta medida es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades”.

Otra de las aclaraciones que hicieron los supremos es que la decisión no fue acompañada por la firma de ninguno de los integrantes del tribunal y “se concreta con sola firma del secretario”. El día anterior, los medios se habían encargado de divulgar la información de que cuatro de los cinco jueces habían impulsado la medida.

“De este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”, agregan en el comunicado. Y concluyen: “La Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia”.

Desde una enojadísima Laura Alonso hasta un indignado Marcos Peña, la decisión de la Corte de analizar un recurso presentado por la defensa de la exmandataria hace más de seis meses desató una avalancha de cuestionamientos y elucubraciones que llegaron al extremo de sostener desde la existencia de un “pacto de impunidad” entre los cortesanos y Cristina hasta la teoría de que todos los jueces, a excepción del presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz, eran “peronistas”.

El propio presidente Mauricio Macri se refirió indirectamente al tema durante un acto en Corrientes: “Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio”.

“Cuando se hace justicia se puede dilucidar quién es culpable o no. Además de avanzar sobre la recuperación de los bienes desviados por la corrupción. Cuando la justicia se dilata y empantana el proceso con maniobras extrañas se debilita la credibilidad del sistema judicial”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al conocerse la decisión que, según él, “genera mucha bronca en una sociedad que tiene una demanda concreta de justicia”.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue una de las más efusivas en su crítica y acusó al colaborador de CFK, Alberto Fernández, de estar detrás de la medida. “En una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta, la Corte Suprema toma una inédita medida”, dijo.

Uno de los ejemplos más gráficos del ataque a la actuación de la Corte fue el artículo que publicó el columnista de La Nación Joaquín Morales Solá, titulado “La Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner”, en el que nuevamente acusa de peronistas a los jueces. Más allá de los argumentos del periodista, lo insólito fue la aclaración que el medio realizó en la bajada de la nota: “La columna fue publicada por el autor antes de la confirmación de la Corte Suprema del inicio del juicio contra Cristina Kirchner el próximo martes”.

Vialidad

La causa en torno a la que se desató la polémica fue iniciada por el exdirector de Vialidad Nacional y exministro de Energía, Javier Iguacel, en la que acusa a la exmandataria y otros imputados de haber direccionado la asignación de obras viales en Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez.

De acuerdo con la denuncia, la entonces familia presidencial recibía retornos de esas adjudicaciones por parte del empresario a través de alquileres de propiedades de los Kirchner.

Sin embargo, la única auditoría que se realizó fue una encargada por el propio Iguacel, es decir, el Poder Ejecutivo, y no tuvieron la posibilidad de participar peritos de parte. Para colmo de males, el estudio, realizado en tiempo récord por parte de los auditores, señalaba que no existían deficiencias en las obras terminadas, retrasos considerables en las que se encontraban en ejecución ni pagos indebidos.

Ese fue uno de los puntos que reclamaron las defensas de los imputados en el expediente. En declaraciones a Radio 10, Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, explicó que hace seis meses que presentó dos recursos de queja a la Corte en los que planteó que iba a darse inicio a un juicio sin contar con elementos de prueba básicos y necesarios.

“Si se acusa por 51 obras públicas que habrían sido licitadas de manera incorrecta, contratadas a precios irregulares y que además no fueron terminadas, lo que pedimos es que esas 51 obras vayan a un estudio pericial, es decir, que técnicos independientes, ingenieros y contadores verifiquen si eso es correcto”, dijo el letrado, y añadió: “La Corte estudió el planteo y lo que pide son las actuaciones para determinar si efectivamente lo que estamos planteando es correcto. Y evitar que el juicio que se desarrolle sea inválido”.