Como consecuencia de un incendio en la inhabilitada Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, en noviembre del año pasado, murieron Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corvera, Jeremías Rodríguez, Eduardo Ocampo, Jorge Ramírez, Juan Lavarda, Juan Fernández, Miguel Ángel Sánchez y Fernando Arguello. A seis meses de la Masacre de Esteban Echeverría, el gobierno provincial mantiene la ilegalidad en los espacios de encierro, según denunciaron la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde 2011, informes jurisdiccionales y resoluciones prohibieron el alojamiento de personas en la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría por las condiciones inhumanas de detención que tenían que afrontar los detenidos. Sin embargo, desde el “Ministerio de Seguridad decidieron desconocer las órdenes de los jueces y alojar detenidos en esa comisaría. Soportaron la precariedad y el hacinamiento durante varios meses, por una decisión gubernamental ilegal”, según expresaron desde el CELS.

LA CPM difundió un informe que contextualiza el incendio en este lugar donde se encontraban alojadas veintiséis personas en condiciones de hacinamiento y aislamiento colectivo. Sostienen que se produjo en el marco de “una política criminal asentada en el incremento del encarcelamiento como estrategia principal: las personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y con arresto domiciliario habían llegado a 47.854 en noviembre de 2018, lo que representó una tasa de 278 cada 100.000 habitantes (1 cada 360)”.

Además, recordó que estas muertes tuvieron un antecedente similar en la localidad de Pergamino, donde un año y medio antes fallecieron siete personas que estaban bajo custodia de las fuerzas policiales. En el escrito se resalta que, aun después de ese hecho, el Estado provincial no revirtió sus políticas públicas ni las condiciones estructurales que lo hicieron posible. “No hay democracia sin respeto a los derechos humanos, sin justicia y sin el cumplimiento efectivo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina”, expresaron desde el organismo público provincial.

Entre 2016 y 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso medidas cautelares contra veintiún dependencias policiales bonaerenses. Además, le solicitó al gobierno de María Eugenia Vidal adoptar dos medidas para garantizar los derechos de los ciudadanos en situación de encierro. En primer lugar, preservar la vida y la integridad y hacer especial hincapié en grupos particularmente vulnerables, como mujeres y personas mayores. En segundo lugar, reducir las estadías prolongadas y bajar los índices de hacinamiento, a partir de identificar si la situación de las personas se adecua a los estándares aplicables de prisión preventiva, hacer efectivas las clausuras judiciales ya dispuestas y establecer planes de emergencia.

Sin embargo, la CPM afirmó que el gobierno bonaerense no dispuso las medidas para que esto se cumpla y que aún “subsisten las condiciones de posibilidad para que masacres como las de Pergamino y Esteban Echeverría sigan ocurriendo”. Desde el CELS también remarcaron que “de las 272 comisarías provinciales que alojan detenidos, 105 tienen orden de clausura, pero hay personas que viven en esos lugares”.

Finalmente, otro de los puntos abordados en el informe de la CPM apuntó a denunciar que durante la gestión de Vidal por primera vez colapsaron también las alcaidías departamentales: entre junio de 2016 y febrero de 2017, y desde mayo de 2018 en adelante. Este hecho trajo como consecuencia un 49% de sobrepoblación en noviembre de 2018 y un 54% en marzo de 2019, el mayor nivel registrado. La preocupación del organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel es que “el desalojo de las comisarías no debe implicar mayores índices de sobrepoblación y hacinamiento en alcaidías y cárceles”, según lo establecido en principios y normativas de los sistemas internacionales de promoción y protección de derechos humanos.