Foto: gentileza Pulso Noticias

El Frente Popular Darío Santillán y el Colectivo contra el Gatillo Fácil denunciaron que en el barrio Las Malvinas de la localidad de San Carlos se registra una avanzada de operativos coordinados por la DDI de La Plata y el Destacamento La Unión sobre los jóvenes, con detenciones arbitrarias, allanamientos violentos y hasta el armado de causas judiciales “por el secuestro de elementos que nada tienen que ver con el narcotráfico ni ningún otro delito”.

Una de las víctimas es la coordinadora de un comedor barrial, con ocho allanamientos en menos de dos años, el último, registrado a mediados de abril. Desde 2017 a esta parte, “la amenazaron con llevarla presa, golpearon a su hijo y robaron mercadería de un pequeño kiosco que tiene y dinero del comedor comunitario que gestionan con su organización”, advirtieron.

“la amenazaron con llevarla presa, golpearon a su hijo y robaron mercadería de un pequeño kiosco que tiene y dinero del comedor comunitario que gestionan con su organización”

La mujer en cuestión presentó un habeas corpus que resultó favorable en septiembre de 2018, cuando el Juzgado de Garantías Nº 2 ordenó al Destacamento La Unión abstenerse de detención, captura o pesquisa al no registrarse “impedimento legal impartido por autoridad judicial alguna”. Sin embargo, el hostigamiento siguió y en marzo de este año se agudizó luego de que el gobierno realizara uno de sus promocionados operativos “contra el narcotrafico” en el barrio, que en la práctica fue una militarización que terminó denunciada por organismos de derechos humanos.

“Varios medios de comunicación avalaron los operativos y nada dijeron de las denuncias de violencia policial que realizaron los vecinos. El intendente Julio Garro y el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo lo presentaron como una avanzada en el combate contra los narcos y el control de la disputa entre bandas”, advirtieron las organizaciones.

Según dijeron a Contexto, en las últimas semanas registraron “una avanzada de distintas fuerzas policiales que, bajo operativos avalados por el Ministerio de Seguridad y por la Justicia, ingresan al barrio con una especie de cheque en blanco para hacer lo que quieran”.

En este contexto, la vecina de Las Malvinas tuvo un nuevo allanamiento el 23 de abril, cuando, mientras no estaba, los uniformados irrumpieron en su vivienda, esposaron con precintos a sus hijos menores de edad y destrozaron las pertenencias, sin encontrar nada que la involucre en delito alguno.

«Hay un aumento de la violencia policial bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico y de tirar abajo bunkers de narcotraficantes o supuestas cocinas de drogas»

“Estamos viendo que hay un aumento de la violencia policial, que bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico y de tirar abajo bunkers de narcotraficantes o supuestas cocinas de drogas, en realidad lo que hacen es instalarse en los barrios populares con todo el aparato represivo, perseguir a vecinos y vecinas y a compañeros y compañeras de diferentes organizaciones”, destacó Amelia, integrante del Frente Darío Santillán.

“En momentos de grave crisis social y económica, el gobierno de María Eugenia Vidal no tiene una política efectiva para atender las necesidades básicas de las barriadas pobres, sino que su intervención específica es a través de la represión, la estigmatización a los pobres y migrantes y la gran disposición de recursos para la militarización”, consideraron las organizaciones en un comunicado.

En este marco, desde el Movimiento Popular Darío Santillán y el Colectivo contra el Gatillo Fácil apuntaron contra la jefa de gobierno provincial: ”Repudiamos esta avanzada represiva y hacemos responsable a la gobernadora María Eugenia Vidal por la integridad física y la libertad de circulación de los vecinos y vecinas del barrio Las Malvinas que se
vean vulnerados por su Policía”. Las organizaciones se movilizarán este martes a las 10 de la mañana desde Plaza San Martín a Tribunales a presentar un nuevo habeas corpus preventivo.