El Día Internacional de la Libertad de Prensa y Expresión en nuestro país se conmemoró en un contexto de malas noticias para la prensa y el periodismo argentino. Desde el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios), a la reciente movilización de los medios alternativos al ENACOM por saldar deudas millonarias, la comunicación democrática y popular lucha por sobrevivir.

Es que la coyuntura política y económica establecida en los últimos años ha arrinconado a la mayoría de los medios de comunicación, no sólo a causa de la seria crisis financiera que atraviesan los medios para subsistir, sino también a causa del deterioro y ataque directo a la labor misma, en especial para los medios críticos a las políticas neoliberales. Despidos, precarización y el trabajo periodístico cada vez más cercado por los grandes intereses políticos y corporativos, son algunos de los elementos que han puesto en jaque en Argentina principios como la libertad de expresión y la pluralidad de voces.

Cabe señalar que la llegada de Cambiemos al poder en la Argentina en 2015 tuvo su debut con el inmediato DNU para desmantelar de un plumazo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y disolver la AFSCA (autoridad de aplicación de la ley) para remplazarla por el austero Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El vaciamiento y la desaparición de varias de las grandes empresas periodísticas del sector privado vigentes hasta entonces, como el caso del Grupo 23, dejaron un tendal de despidos que, a finales de 2017, derivó en un registro de 2.500 trabajadores de prensa desocupados en todo el país.

La debacle económica para los medios de comunicación, además, fue acompañada por fuertes gestos políticos de silenciamiento a referentes periodísticos críticos con el gobierno, como es el caso de Víctor Hugo Morales, desplazado de su espacio radial en Continental, como también la cancelación de El Destape de la grilla de C5N.

Ese año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) –en conjunto con todas las regionales gremiales de prensa– impulsó un proyecto para que se declare la Emergencia Laboral en Empresas de Comunicación. La situación se tornó aun más preocupante con el paulatino cierre de medios gráficos históricos, como El Gráfico –cuya edición en papel fue eliminada–, el cierre de la agencia DyN o la oleada de despidos en la agencia estatal de noticias Télam, hecho que se convirtió en el centro de una batalla contra el gobierno por el derecho a la información.

“Más de 3.500 periodistas despedidos, destrucción del sistema de medios públicos, cierre de medios privados, detención de periodistas. En el Día mundial de la Libertad de Prensa y Expresión recordamos que así está la comunicación en Argentina”, fueron las palabras que lanzó ayer en las redes Florencia Saintout, diputada provincial de Unidad Ciudadana y antes decana de la carrera de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Saintout: “Más de 3.500 periodistas despedidos, destrucción del sistema de medios públicos, cierre de medios privados, detención de periodistas. En el día mundial de la libertad de prensa y expresión recordamos que así está la comunicación en Argentina”.

Las palabras de la exdecana se difundieron un día después de la movilización que realizaron decenas de representantes de los medios nucleados en el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), donde llevaron al ENACOM la protesta por la deuda de mil millones de pesos que el Estado mantiene por los Fondos de Fomento Concursable, dispuestos por Ley, con todas las radios y medios que presentaron proyectos a concurso.

“Si hoy estamos acá es porque había un cronograma de aprobación de FOMECA 2017 que no se cumplió, y esa postergación hace que los proyectos se devalúen y no se pueda comprar ni la mitad de lo que presupuestó en su momento”, expresó Pablo Antonini, presidente de FARCO.

A esto se suman detalles como el proyecto de Cambiemos aprobado a fines del año pasado en el Congreso para derogar ocho artículos de la LSCA. Se trata de los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41, cuyo efecto entrega mayores privilegios en el manejo del insumo de papel prensa al mercado de los grandes medios. Gracias a esa maniobra, la fijación de precios, producción y distribución internacional del papel queda en manos del mercado, que, como es sabido, es dominado por los pesos pesados del empresariado periodístico.

En tanto, en febrero de este año, el cierre de Editorial Atlántida eliminó las publicaciones locales de medios como las revistas Cosmopolitan, Vanidades, Harper’s Bazaar, Ser Padres, Runners y Muy Interesante. A esos despidos se sumaron otros treinta colaboradores de las revistas La Valijita, La Súper Valijita, Para Ti Mamá, Para Teens y Para Ti Tejidos. Tiempo después, tuvo lugar la represión y detención de Bernardino Ávila del diario Página/12, Pablo Barrientos de la Revista Cítrica y Lucas Martínez de El Destape por parte de la Policía de la Ciudad mientras realizaban la cobertura de un verdurazo. Durante esa jornada, Ávila registró la imagen de una anciana intentando recoger una verdura del piso rodeada de policías, foto que recorrió el mundo en cuestión de horas.

Cabe destacar que el reciente despido de 59 trabajadores del diario Clarín –uno de los principales portavoces mediáticos de las políticas de Mauricio Macri– volvió a destapar la conflictiva situación de retroceso laboral.