Por Pablo Pellegrino

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que instruye la causa que investiga la red de espionaje ilegal integrada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli –declarado en rebeldía hace más de un mes– y presuntos agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos, periodistas y funcionarios políticos y judiciales, resolvió este jueves imputar y citar a indagatoria a Florencia Guijo, quien presuntamente ayudó a guionar la declaración del arrepentido Leonardo Fariña para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “Ruta del dinero K”.

El expediente investigaba los movimientos patrimoniales de la familia de Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero, pero no estaba incluido en él el nombre de la exmandataria. Su ingreso en la causa fue por la declaración de Leonardo Fariña como arrepentido en 2016. Hace algunas semanas, la exabogada del mediático personaje, Giselle Robles, adelantó que la declaración había sido guionada y, según ella y los documentos que entregó a Ramos Padilla cuando declaró en Dolores, mantuvo reuniones con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, quien le habría prometido a Fariña su inmediata liberación.

Según el juez, a Guijo le cabe imputar “el haber realizado un aporte necesario en la maniobra de espionaje político-judicial ilegal dirigido a orientar las declaraciones de Jorge Leonardo Fariña con el objetivo de involucrar a diversos funcionarios o ex funcionarios públicos en causas penales, y afectar de ese modo la situación institucional y política del país”.

Además, según el testimonio de Robles, el titular de la cartera de Justicia había prometido también allanar el camino con algunos jueces que podrían obstaculizarlo. Uno de ellos habría sido el expresidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski, que renunció en 2016 luego de que el macrismo reflotara una vieja denuncia que tenía en el Consejo de la Magistratura. Para evitar el juicio y la destitución, el juez presentó su renuncia.

Esta semana, Rozanski pidió ser aceptado como querellante en Dolores, donde denunció que, en el marco de la operación para direccionar la declaración de Fariña, Germán Garavano y el exjuez y miembro del Consejo de la Magistratura lo extorsionaron con un jury para que se aparte del tribunal platense en medio de una fuerte campaña mediática en su contra. En su resolución de hoy, Ramos Padilla sostiene que se tendrá presente su pedido y lo convoca a declarar en la causa como testigo el próximo jueves 9 al mediodía.

Otro de los requerimientos del juez fue para indagar sobre el posible vínculo entre Marcelo D’Alessio y el Ministerio de Seguridad, particularmente con Patricia Bullrich. En ese sentido, el magistrado pidió a compañías telefónicas que detallen los datos del titular de un teléfono registrado por D’Alessio como “Patricia Bullrich S6”. También solicita un amplio informe al Ministerio sobre los ingresos y egresos al edificio para corroborar el vínculo con el falso abogado.

#RamosPadillaNoSeToca

Convocadas a través de las redes sociales, en distintos puntos del país se realizaron manifestaciones en apoyo al magistrado para que continúe al frente de la investigación. En Capital Federal, cientos de personas se concentraron frente al palacio de Tribunales donde, según denunciaron a través de las redes sociales, tanto la plaza como la calle estaban sin luz.

En otros puntos del país también se realizaron marchas en apoyo a Ramos Padilla luego de los rumores que surgieron sobre la intención de la Cámara Federal de Mar del Plata de dividir el expediente en distintas causas y girarlas a distintas jurisdicciones. Cabe recordar que ese tribunal de alzada debe resolver el conflicto de competencia territorial planteado al comienzo de la investigación. La defensa de Carlos Stornelli sostiene que el pago que realizó el empresario Pedro Etchebest del adelanto de la coima que le reclamaba D’Alessio se hizo en Buenos Aires, por lo tanto, el expediente debería tramitarse allí. Una línea similar sostuvo el fiscal Juan Pablo Curi, que sin embargo volvió a impulsar la causa hasta que se resuelva el conflicto.

Para Ramos Padilla y la mayoría de las querellas que actúan en la causa, toda la investigación debe continuar centralizada en Dolores. En la resolución del jueves, el juez insiste en que por las dimensiones y los alcances territoriales que tuvo la red que investiga –que llegó a operar incluso en el extranjero– el reclamo por la territorialidad pierde sentido. “Los hechos investigados superan ampliamente el ejido capitalino y no existe por lo tanto ningún juzgado federal al que pueda asignarle preeminencia por sobre otro para profundizar las acciones delictivas llevadas adelante por la organización ilícita investigada”, advirtió.

Organismos de Derechos Humanos expresaron su preocupación ante el «escenario de progresiva degradación del sistema de administración de justicia» y reclamaron a los camaristas de Mar del Plata que «cumplan con su deber».

El magistrado también recibió el apoyo de diversos organismos de derechos humanos que, a través de un comunicado, pidieron que “la Cámara Federal de Mar del Plata cumpla con su deber”.

El texto lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. Capital, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

“Los hechos que se investigan en el Juzgado Federal de Dolores, en la llamada causa D’Alessio, han dejado en evidencia la degradación institucional y la descomposición del Estado de derecho que tiene como protagonistas a algunos que fueron elegidos y/o designados para respetar y defender la democracia y sus instituciones”, sostienen los organismos, y advierten que, con la ayuda de los fiscales Curi y Pettigiani –aunque no los nombran–, los imputados de la causa pretenden llevarla a Comodoro Py.

“La Cámara Federal de Mar del Plata es la que en definitiva resolverá qué hacer. Hoy tienen la posibilidad histórica de demostrar que existen jueces dispuestos a hacer cumplir la ley”, sostienen.