En el marco de la votación de la rendición de cuentas 2018 prevista para este miércoles, el intendente de La Plata, Julio Garro, sacó finalmente a la cancha el proyecto de Código de Convivencia Ciudadana que, aunque presentado el año pasado, aún no fue tratado en comisiones.

El proyecto, en palabras del intendente, “apuntará a generar una ciudad más sana, segura y de respeto con el otro”. Con este objetivo, llamó a los vecinos a participar de una serie de debates en clubes y centros comunales que resultaron a todas luces fallidos. Es que los principales perjudicados no pudieron ingresar. Así, quedaron afuera las trabajadoras sexuales, cartoneros, organizaciones sociales, vendedores ambulantes, manteros, limpiavidrios, entre otros actores, para los que se estipulan severas multas por sus actividades.

Estos sectores dejaron en claro su rechazo con una masiva movilización en la que catalogaron el Código de Convivencia como “represivo” y “persecutorio”, destacando que profundiza la exclusión de los trabajadores de la economía popular y pone serias limitaciones a la protesta social.

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Pese a esto, el proyecto buscará ser el caballito de batalla de Garro de cara a las elecciones. En este marco, tras la votación de la rendición de cuentas, se avanzará de forma inmediata con el Código, que en principio se estipula que pase por las comisiones de Seguridad, Hacienda y Legislación, pero podría desembarcar también en Planeamiento y Género ante la diversidad de aristas que toca, y finalmente llegar al recinto en agosto, según trascendió hoy en medios locales.

Desde la oposición ya adelantaron su rechazo al Código que consideran ya no de Convivencia, sino contravencional y persecutorio.

En este marco, Garro se encontrará con una resistencia dentro del Concejo, pero también por fuera, en las calles. La movilización del año pasado ya lo demostró, pero también las masivas marchas que se dan estos días en un contexto de crisis que no da señales de mejora, por lo que diariamente las organizaciones sociales y los vecinos reclaman políticas para paliar la situación. El jueves pasado fueron ni más ni menos que seis cortes en simultáneo exigiendo la emergencia alimentaria y sanitaria, pero fundamentalmente la generación de trabajo genuino. En este escenario, el Ejecutivo local buscará avanzar justamente con un Código que criminaliza la protesta social y a los trabajadores de la economía social.

“Es un intento más de profundizar el modelo represivo que propone el macrismo a nivel provincial, nacional y municipal”, consideró en diálogo con Contexto Cristian Media, referente local de Barrios de Pie.

“Claramente hoy la prioridad de La Plata tiene que ser cómo generar empleo y cómo reactivar un poco la economía. Nuestro problema central pasa por ahí”, explicó Edgardo Jalil, de la Agrupación Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien consideró que en este proyecto, que aún no han podido discutir con el Municipio, “se plantea más un esquema de higiene que de integración”.

 

Las penas

En el artículo 143 del proyecto el Ejecutivo local propone un “protestódomo”. El texto detalla que “se pondrá a disposición el uso de la explanada del edificio municipal” para actos y manifestaciones, al tiempo que se brindará servicio de sonido para aquellos que lo soliciten con 48 horas de anticipación.

“Las movilizaciones y/o manifestaciones que tengan origen en un lugar distinto al indicado en el párrafo anterior deberán trasladarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas”, detalla el anteproyecto. En el caso de que, por la cantidad de participantes, no se pueda transitar sólo por la vereda, se deberá librar un carril “para la circulación vehicular, sin excepción”. Los organizadores de la protesta que no respeten estos puntos serán sancionados con multa de 50 a 1.000 módulos (de 8.600 a 172.000 pesos) y/o arresto de hasta treinta días.

“Los trabajadores están siendo cada vez más perseguidos con este Código, no van a poder desarrollar más sus tareas diarias las personas que día a día se encuentran subsistiendo al modelo de ajuste”, sostuvo Medina. Y destacó que con esta nueva normativa, “además de padecer la crisis, los trabajadores tampoco tienen el derecho de organizarse y llevar adelante distintas protestas para reivindicar su pertenencia a la clase trabajadora, sus luchas por un salario más digno que alcance a la canasta básica”.

Los cartoneros y carreros, que vienen denunciando la sistemática persecución y hostigamiento por parte de la comuna, tendrán en este anteproyecto un gran obstáculo. “La selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición o transporte, almacenaje, manipulación o venta en contravención a las normas reglamentarias pertinentes, será sancionado con multa de 50 a 500 módulos (8.600 a 86.000 pesos) y/o arresto hasta cinco días”, establece el artículo 115.

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El artículo 215 deja manifiesta la prohibición en todo el territorio municipal de la tracción a sangre –el uso de caballos– y establece multas de “500 a 1.500 módulos (86.000 a 258.000 pesos) quien infrinja la presente prohibición”. Justamente, el relanzamiento de este proyecto se da en medio de una escalada de secuestros, de casi treinta animales, a los recicladores populares. De aprobarse el Código, Garro tendrá una herramienta más para avanzar con este sector.

Los limpiavidrios, en tanto, también se pueden ver afectados. “El que ofreciera cualquier servicio a quien se encuentre en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos, que pudieren poner en peligro su propia integridad física o afectaren el tráfico en la vía pública, será sancionado con multa de 50 a 1.000 módulos y/o arresto de hasta quince días”, señala el artículo 205.

Respecto a los manteros y vendedores ambulantes, el anteproyecto establece en los artículos 178 y 179 multas de 20 a 2.000 módulos (3.440 a 344.000 pesos) y/o arresto hasta treinta días. El 181 señala que “el ofrecimiento a viva voz de productos o el empleo de adminículos sonoros destinados a llamar la atención del público será sancionado con multa de 20 a 1.000 módulos” (3.440 a 172.000 pesos).

Otro de los puntos controvertidos tiene que ver con las trabajadoras sexuales, que se ven directamente afectadas con el artículo 206: “El que ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en el espacio público, será sancionado con multa de 100 a 900 módulos (17.200 a 154.800 pesos) y/o arresto de hasta quince días”.