El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió dictar la falta de mérito por falta de pruebas del supuesto pago de sobornos a los empresarios para quedarse con la obra del soterramiento del tren Sarmiento junto a la brasileña Odebrecht. Sin embargo, los funcionarios fueron procesados por haberlos beneficiado.

Un día después de la falta de mérito dictada en favor del CEO de Techint, Paolo Rocca, en el marco de la causa de las fotocopias por “dimensiones” del holding, le llegó el turno al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi afirmó en su fallo que “no es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita (cohecho), que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas distinguidas a la largo del resolutorio” por parte de los empresarios, entre los que se destaca el primo presidencial.

Sin embargo, a pesar de esa decisión, Martínez de Giorgi procesó a Julio De Vido, Roberto Baratta y otros funcionarios por el supuesto direccionamiento de la obra, lo que no deja de sorprender, ya que quien recibe el beneficio finalmente no tuvo responsabilidad alguna. 

La obra del soterramiento del tren Sarmiento fue asignada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la ex Iecsa, histórica constructora de la familia presidencial, la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella y la española COMSA.

En 2016, a poco de asumir el gobierno Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que asignaba de forma directa 45.000 millones de pesos a la empresa de Calcaterra y el consorcio para que terminasen la obra.

Otro dato llamativo del fallo de Martínez de Giorgi es que acusa a otro hombre de la constructora de la familia Macri, Javier Sánchez Caballero, de pagar dádivas junto a Héctor Ramón Castro Sirerol, integrante de la española COMSA.

La hipótesis que investiga el juez sostiene que los entonces funcionarios del Ministerio de Planificación “dirigieron su accionar, en sus diferentes etapas, en miras de beneficiar a las firmas que conformaran el Consorcio Nuevo Sarmiento, con el fin de adjudicarle la obra y posteriormente sostenerlo”.