El CEO de Techint recibió buenas noticias de parte de la Cámara Federal Porteña a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –que fue ascendido a ese puesto luego de condenar a Amado Boudou–, quienes le dictaron la falta de mérito en el marco de la causa de las fotocopias.

En el fallo que se conoció el lunes, los camaristas le pidieron a Bonadio la pronta elevación a juicio oral del expediente y confirmaron y ampliaron los procesamientos de Julio de Vido y Roberto Baratta, que todavía siguen detenidos, y también de Nelson Lazarte, José María Olazagasti, Hernán Gómez y otros funcionarios que están libres.

También resultó beneficiado el exjefe de Gabinete durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, y su secretario, Hugo Larraburu, al ser excluidos del esquema de la “asociación ilícita”; ahora los acusa de cohecho pasivo (recibir coimas).

Con las liberaciones de los últimos días, a las que se suma la orden de liberar a Nelson Lazarte, también del Ministerio de Planificación, sólo quedan detenidos De Vido, Baratta y los empresarios Gerardo Ferreyra, que negó haber realizado pagos irregulares, y Oscar Thomas, extitular del ente binacional que controla la represa de Yaciretá.

El caso de Rocca resulta de especial importancia no sólo porque es uno de los empresarios más importantes que figuran en el expediente, sino también por el enfrentamiento que ha tenido en los últimos meses con el gobierno por los subsidios en Vaca Muerta. 

Bonadio había considerado que el CEO de Techint “no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el grupo económico al cual pertenecía” por el cargo que ostentaba. Sin embargo, Bruglia y Bertuzzi no lo vieron de la misma forma.

“Lo cierto es que –a diferencia de otras estructuras empresarias– la especial dimensión y diversificación de este grupo económico es lo que obsta en este caso a inferir que el nombrado haya intervenido en orden a las exigencias de dinero a las que aludieron los coimputados, ordenando que se efectivizaran esos pagos”, dijeron los camaristas.

“Al respecto, es de destacar que ni la empresa radicada en Venezuela, ni las asentadas en este país son meras sucursales de una misma compañía. Sino que ellas constituyen por sí mismas sociedades de gran magnitud, con sus directivos y esquemas empresarios propios”, agregaron.