Orden de indagatoria a Stornelli y reacción del gobierno

En una nueva resolución, el juez de Dolores volvió a convocar al fiscal de la causa de las fotocopias a que se presente el próximo miércoles para realizar la indagatoria a la que Stornelli no asistió y que estaba prevista para el pasado 7 de marzo. Además, pidió ampliar las declaraciones de Bogoliuk y Degastaldi.

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Por Pablo Pellegrino

El juez Alejo Ramos Padilla, que investiga el escándalo de extorsión y espionaje ilegal en el que está procesado el falso abogado Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli, y alcanza a varios funcionarios judiciales, políticos y periodísticos, emitió una nueva resolución en la que ordena nuevamente al fiscal de la causa de las fotocopias a presentarse en su juzgado para tomarle declaración indagatoria.

El pasado 7 de marzo había sido la primera convocatoria del magistrado de Dolores, pero Stornelli decidió no presentarse. En su lugar, presentó dos escritos en los que pedía la remoción del juez y la nulidad de la causa.

Luego de la impactante presentación que realizó en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el juez Ramos Padilla vuelve a pedir la presencia del fiscal cuyos vínculos con el supuesto agente de la DEA quedaron en evidencia a través de fotos, videos y mensajes que forman parte del expediente.

En el marco de esta causa, hasta ahora se encuentran detenidos el propio D’Alessio y los excomisarios señalados como agentes de inteligencia, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

En la resolución del magistrado se tratan varias cuestiones de vital importancia no sólo desde el punto de vista judicial, sino también político y diplomático. Entre ellas, la respuesta de la embajada de Estados Unidos al exhorto que libró el juez mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores; la incorporación de un nuevo actor en el escándalo, el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien confesó haber tenido vínculos con el falso abogado; y la reiteración de los cuestionamientos por faltas de insumos técnicos para evaluar la prueba que juntó hasta el momento, dirigidos a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura.

D’Alessio “nunca ha tenido relación con ninguna agencia de los Estados Unidos, ni ha participado de actividad o programa alguno que involucre al gobierno de los Estados Unidos”, fue la respuesta de la embajada que llega con más de un mes de retraso y de escandalosas revelaciones. Es curioso, además, que se pronuncie justo después de la exposición que realizó el magistrado en el Congreso de la Nación, donde había dicho “no tener respuesta” sobre la posible pertenencia de D’Alessio a algún organismo de aquel país.

En el caso de Bidone, los pedidos de Ramos Padilla están dirigidos al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para que informe sobre las acciones realizadas por la Procuración desde que el fiscal se presentó espontáneamente en Comodoro Py. Allí declaró que recibió colaboración del falso abogado a quien le habría facilitado sus claves para el acceso a los sistemas de Migraciones.

En esa declaración, además de la colaboración mutua con el supuesto agente de la DEA, el fiscal dijo, en la misma línea que el empresario Pedro Etchebest (el extorsionado), que D’Alessio presumía de sus contactos con agentes de inteligencia, funcionarios del Ministerio de Seguridad y funcionarios judiciales.

Bidone fue llamado a indagatoria recientemente por el juez Luis Rodríguez, que instruye la causa por extorsión contra el agente de la Aduana Gabriel Traficante, víctima también del falso abogado.

Ramos Padilla ordena en su resolución que notifique al fiscal de Mercedes sobre la existencia de la investigación “y se lo ponga en conocimiento de las facultades previstas en los arts. 73 y 279 del C.P.P.N.”, al mismo tiempo que “se lo invita a aportar su aparato de telefonía celular si así lo estima conveniente”. Los artículos mencionados por el magistrado establecen el derecho a presentarse voluntariamente a declarar.

Por otro lado, el juez de Dolores le pide a Claudio Bonadio que le envíe las declaraciones de D’Alessio en el marco de la causa conocida como GNL, por el supuesto pago de sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado durante el gobierno anterior. El pedido se funda en un requerimiento del abogado Maximiliano Rusconi, que representa a Julio De Vido en esa causa.

Cabe recordar que esa causa que instruye el binomio Bonadio-Stornelli estaba a punto de caerse luego del procesamiento del perito David Cohen por falso testimonio, y curiosamente fue D’Alessio quien se presentó en el despacho de Stornelli para hacer una declaración «espontánea» que le dio un giro al objeto de la investigación y le permitió al dúo más famoso de Comodoro Py incluir en la supuesta organización criminal a Cristina Fernández de Kirchner.

El cruce con el fiscal

En su resolución, el juez de Dolores le responde al fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, quien había presentado una queja porque “no se ha podido concretar” el acceso a la prueba digital del expediente. “Hágasele saber que ello pudo deberse a su propia inactividad”, le responde Ramos Padilla, en alusión a un tema que ya había mencionado en el Congreso, que es la falta de insumos técnicos con capacidad para analizar las pruebas obtenidas.

“Como ya se ha dicho, aún hoy no ha sido posible por parte de este tribunal acceder a todo el contenido de los datos obrantes en las unidades de extracción forense, pues no se posee ni el software ni el hardware adecuado para ello ni se cuenta con personal técnico capacitado para colaborar en esa actividad”, sostiene el magistrado, y agrega que, sin embargo, “se han puesto a disposición de las partes –al igual que a esa Fiscalía– los mismos dispositivos –hardware y software–” con los que cuenta el tribunal.

“He formulado diferentes peticiones a las áreas correspondientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura para poder superar estos obstáculos, no habiendo recibido aún los recursos humanos y técnicos requeridos”, manifiesta en su escrito el juez.

En ese sentido, Ramos Padilla añade la existencia de otros tres discos rígidos con información sobre la red de espionaje ilegal –que también la dio a conocer en el Congreso–, y advierte que por la información sensible que podrían contener esas unidades de almacenamiento “podría poner en riesgo no sólo a la investigación sino también a las víctimas”.

“Más allá de ello, si el Sr. Agente Fiscal posee los recursos humanos y tecnológicos para poner a disposición en esta sede para que el tribunal y todas las partes puedan tener un mejor y más pronto acceso a la información, no existe reparo alguno por parte del suscripto para ello. Mientras tanto, son estos los recursos con los que se cuentan”, afirma.

“No creo que se registre en muchas otras causas de esta magnitud un esfuerzo tan claro por parte del personal de la Secretaría Penal en digitalizar y hacer entrega de la mayor cantidad de información a las defensas, las querellas y ese Ministerio Público Fiscal”, continúa el juez, y remata: “De allí que las manifestaciones del Sr. Fiscal aparecen descontextualizadas si estamos a las constancias del expedientes y al modo en que se vienen atendiendo todos los requerimientos”.

La reacción del Ejecutivo

Mauricio Macri solicitó a Juan Pablo Mahíques –su representante en el Consejo de la Magistratura– que inicie el proceso de juicio político contra el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Según difundió ayer por la tarde el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, el gobierno de Mauricio Macri fundamentó el pedido en una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.

El mismo comunicado atribuye la decisión a la exposición del magistrado en el Congreso, el 13 de marzo. Dirigentes políticos y abogados especialistas en derecho penal rechazaron de inmediato la decisión del gobierno y denuncian un intento de “obstaculizar la investigación”.

Según indicaron desde el Consejo de la Magistratura, el pedido de juicio político se presentaría el próximo lunes.