Por Pablo Pellegrino

“Para la CPM los hechos que se investigan en la causa, revisten una enorme gravedad institucional, ya que muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas, que sólo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes”, sostiene el documento difundido este miércoles por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre las pruebas del escándalo D’Alessio.

Cabe recordar que en febrero el juez Ramos Padilla había pedido la colaboración del organismo de derechos humanos para el análisis de los numerosos documentos secuestrados durante los allanamientos a la casa del falso abogado.

El informe pericial preliminar que la CPM envió al juez revela que entre las pruebas se pudieron determinar tareas de espionaje ilegal que realizó Marcelo D’Alessio en Argentina “y otros dos países”, entre las cuales destacan “el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, la realización de seguimientos y las denominadas técnicas “de ablande”, con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos”.

“También se relevó la incorporación de sus testimonios en causas judiciales que investigan hechos de corrupción, sin que existiera orden previa y fundada de realizar esos actos, conforme manda la ley”, advierte el documento sobre el destino de los “ablandes” del falso abogado.

El pedido de Ramos Padilla a la CPM se fundó en la experiencia por la investigación del archivo de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense), que desde hace dieciocho años se encuentra bajo custodia de ese organismo.

“La CPM concluyó que Marcelo D’Alessio, desplegó tareas de inteligencia en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos”, afirma el documento, y sostiene que los documentos revelan que la información recabada por el extorsionador culminaba con la remisión a las personas que reportaba, entre ellas “contactos con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación”.

“La CPM concluyó que Marcelo D`Alessio, desplegó tareas de inteligencia en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos”

El organismo provincial también concluye que las prácticas de D’Alessio violan las normativas que regulan las actividades de inteligencia y de seguridad interior y exterior y que “configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principios republicanos del estado de derecho”.

Finalmente, la CPM considera que “deben investigarse de manera exhaustiva estos hechos que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del estado”, e insta a los poderes públicos a tomar medidas urgentes para revertir la situación que “pone en peligro al propio sistema democrático”.