Por Pablo Pellegrino

“La persecución del fiscal Stornelli contra mi persona no se detiene y generalmente encuentra cómplices, denunciantes extorsionadores y truchos que, al igual que a la doctora Carrió, le llegan en forma anónima informes, facturas, etc.”, dice el manuscrito que desde la cárcel de Ezeiza envió al juzgado de Claudio Bonadío el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

El escrito fue presentado en el marco de un nuevo llamado a declaración indagatoria ordenado por el binomio Bonadio-Stornelli por la resucitada causa por sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) durante el gobierno anterior.

El lunes debió comparecer la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la misma causa en la que fue sorpresivamente incluida. Originalmente, la investigación de Bonadio se centraba en las figuras de Baratta y Julio De Vido, detenidos ambos en 2017 aunque luego se dictó la falta de mérito por el escandaloso falso testimonio del perito David Cohen, que, para determinar la comisión del delito, realizó una pericia trucha con datos extraídos del sitio El rincón del vago.

Luego de que determinara el plagio y la inexactitud de la pericia que envió a la cárcel a Baratta y allanó el camino para el desafuero de De Vido (y posterior detención), un tribunal superior dictó la falta de mérito de los imputados y Cohen fue procesado.

Sin embargo, “un giro payasesco”, como lo definió Baratta, reactivó la causa: luego de que en los primeros días de enero de este año quedaran finalmente invalidadas las pericias truchas que Bonadio convalidó, el propio juez incorporó al expediente una declaración de un supuesto testigo clave que había declarado ante Stornelli y aportado información a la causa. Se trata del extorsionador Marcelo D’Alessio, ahora ignoto para Stornelli.

La incorporación de la declaración de D’Alessio aporta más oscuridad a la investigación, ya que se produjo en noviembre del año pasado pero recién fue incluida en la causa en febrero de 2019, cuando se cayó el falso relato del perito. Y como hecho anecdótico, fue incluida después de que estalle el escándalo de extorsión que envuelve al abogado trucho y al fiscal de la causa de las fotocopias.

El giro de la investigación propiciado por el excolumnista de Clarín en temas de seguridad y narcotráfico señalaba que los sobreprecios que se pagaron no debían corroborarse en la compra del GNL en sí misma, sino en los pagos de gastos portuarios y servicios de remolque.

En el texto que escribió Baratta desde la cárcel, le dice al juez que no entiende el motivo de que las declaraciones de D’Alessio hechas el 5 y el 12 de noviembre de 2018 hayan sido incluidas recién en febrero del año siguiente y pide la nulidad de la causa y su sobreseimiento.

También hace mención a una nota publicada en el portal La Política Online titulado “Exclusivo: Bonadio consiguió nuevas pruebas contra De Vido para suplantar las pericias fallidas”. “Casualmente, los datos técnicos de la nota, son los mismo que los presentados por D’Alessio en su denuncia”, dice el escrito del exfuncionario, y se pregunta cómo llegó esa información al medio si recién se incorporó al expediente un mes después de publicada.

“D’Alessio en su primera denuncia indicó que su profesión es abogado: primera mentira”, comienza el punteo que hace Baratta sobre las acusaciones en su contra.

Un dato interesante que aporta es el referido a tachaduras en el escrito que presentó el extorsionador ante Stornelli y Bonadio. El exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación sostiene que lo que eliminó D’Alessio de su declaración dice textualmente: “En el año 2016 el sexto proveedor de GNL ha sido Shell, mientras que en el 2017 Shell ha pasado a ser el primer proveedor de GNL del país”.

Por otro lado, Baratta señala a otros actores que participaban de las operaciones de compra de GNL que ni siquiera han sido llamados a declarar, como los titulares de las empresas beneficiarias de los sobreprecios. “¿Solo buscan D’Alessio y sus cómplices las indagatorias de Cristina Fernández, Julio De Vido y Roberto Baratta? ¿No es nuevamente una evidente persecución política?”, preguntó.

Sobre su actuación como funcionario, declaró lo mismo que en 2017: “las cantidades y las fechas de necesidad de GNL eran determinadas por los organismos encargados de despacho de gas (Enarsa) y de electricidad (Cammesa) […] luego esos pedidos eran avalados por la Secretaría de Energía y yo enviaba dichos requerimientos a Enarsa […] luego Enarsa, primero a través de Repsol YPF, luego en forma independiente y por último a través de YPF estatizada y conducida por Miguel Galuccio ordenaba la licitación y contratación de proveedores de GNL”.

¿Cambiemos hará caer la causa de Cambiemos?

Baratta dice en su escrito que todo el proceso descrito para la compra del GNL era auditado por el propio Enarsa, auditores externos de ese organismo y la Sigen. Pero agrega una auditoría de UBA Económicas (a través de un acuerdo que se firmó con esa casa de estudios) que convalida lo actuado.

Lo llamativo de ese dato, que ya había aportado en su declaración de 2017, es que el estudio de la UBA era firmado por María Fernanda Inza, contadora general del gobierno de María Eugenia Vidal que fue apartada de su función por el escándalo de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos. “No se encuentran situaciones que merezcan ser señaladas como irregulares, con lo cual se refleja la razonabilidad de la operatoria desarrollada por Enarsa”, afirma la funcionaria macrista, otrora auditora externa de la compra de GNL.

Pero otro de los favores que Cambiemos le hace a los imputados es un documento que figura en el expediente en el que la actual conducción de Iaesa (ex Enarsa), el 26 de diciembre del año pasado, solicita al juez que los habilite a pagarles a las empresas que transportaron el gas, sospechadas en la causa de cobrar sobreprecios.