Por Pablo Pellegrino

Las empresas distribuidoras de gas pidieron este martes en la audiencia pública organizada por el gobierno aumentos en la tarifa de ese servicio de hasta 35,6%, por encima de la expectativa del gobierno, que era de 30% para todo el año.

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, había dicho semanas atrás que por el monto que se fijó en las subastas organizadas para poner precio al gas en boca de pozo, el aumento no superaría ese porcentaje.

Cabe recordar que, luego de los cuestionamientos por la discrecionalidad de los aumentos, el gobierno decidió crear una especie de mercado del gas donde, a través de subastas, las distribuidoras compran y se fija el precio promedio en boca de pozo o precio mayorista.

“Teníamos baja expectativa de que fuera a modificarse mucho esta audiencia a las anteriores”, dijo a Contexto el titular de la Asociación de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, que participó de ella. Según el abogado, el aumento reclamado por las empresas para compensar la rentabilidad que perdieron por la inflación “no es para nada razonable”. “Si uno compara invierno con invierno, va a aumentar más del 60%”, manifestó.

La audiencia del martes fue presidida por el titular del Enargas, Mauricio Roitman, y el segundo vocal del organismo, Diego Guichón. Paralelamente, se realizó una audiencia popular bajo la consigna Tarifas Justas, en la que participaron las principales figuras de la oposición, intendentes, referentes sindicales, gremiales empresarias y asociaciones de consumidores, donde cuestionaron los aumentos.

Otro de los temas que se tocaron en la audiencia pública del gobierno fueron las polémicas compensaciones por devaluación que el año pasado intentaron cargar a las facturas de los usuarios. Tras el escándalo que produjo la noticia, que llegó a debatirse en el Congreso, el gobierno dio marcha atrás, aunque finalmente el dinero lo puso el Estado.

“Las famosas diferencias diarias acumuladas, más conocidas como las 24 cuotas que en aquel momento fueron tan polémicas, hoy también se trataron y se estableció que las distribuidoras tienen que contratar un seguro cambiario”, explicó Procelli, aunque señaló que “ese costo del seguro termina cargado al precio de la tarifa general, con lo cual cambiamos un riesgo eventual, como una devaluación que no se sabe si ocurrirá, por un seguro que vamos a tener que pagar todos los meses y está incluido en el precio”.

También se discutió acerca de los índices con los que se actualizarán las tarifas: las empresas adujeron que debe utilizarse el precio mayorista del gas establecido a través del Mercado Electrónico del Gas, un sistema que comenzó a implementarse este mes para fijar el precio en boca de pozo. Sin embargo, el Enargas ya utilizó en el último aumento el IPC como referencia (que es más bajo) y podría volver a suceder.

“Se arma el MEGSA como para ‘transparentar’ el precio diciendo que hay un mercado libre donde las distribuidoras van a contratar su gas, y así se llega a conocer por primera vez cuál era el precio del gas en boca de pozo, pero lo irónico es que dio un precio más caro del que las empresas cobran al extranjero”, dijo el titular de Consumidores Argentinos sobre la nueva iniciativa del gobierno, y agregó: “Después de que se dio este mercado que estableció un precio de 4,62 dólares, el viernes pasado se realizó una nueva subasta para establecer el precio para exportar a Uruguay y dio un dólar menos”.

“Por qué el precio de los usuarios es más caro que el resto forma parte de esto que nosotros llamamos el circo del MEGSA, que establece los precios que quieren”, concluyó

#TarifasJustas

Paralelamente al debate oficial por el incremento en las tarifas del gas, se realizó un encuentro que concentró a diferentes actores políticos y sociales bajo el reclamo de “Tarifas Justas”.

En el Teatro Astros de Capital Federal se dieron cita diputados y senadores de los principales bloques de la oposición, intendentes, sindicatos, organizaciones de empresarios pyme y asociaciones de consumidores.

Agustín Rossi, diputado nacional del FpV que participó del encuentro, dijo que “ya hemos presentado un proyecto de ley para congelar las tarifas en el año 2019 y, en el caso de que se hubieran efectivizado los aumentos, retrotraerlos a precios de diciembre de 2018, y esto es lo que tenemos que hacer”, y consideró que “las tarifas no son caras, son impagables, que es distinto”.

Su par del bloque Red x Argentina, Felipe Solá, analizó que “estamos hablando de mercados cautivos, mercados sin riesgo: o pagamos el gas, o pagamos la luz, o pagamos el agua, o no podemos vivir”, y, en ese sentido, expresó que se deben tener en cuenta dos miradas al discutir tarifas, la de los usuarios y la de las empresas, pero que el gobierno sólo atiende a la de las distribuidoras.

“El amor de Mauricio Macri y Vidal por las empresas energéticas está claro que no es un amor platónico”, cuestionó el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yaski. “Hay una política que les permite a estas empresas apropiarse del ingreso de los sectores populares”, agregó.

Por su parte, Rodolfo Liberman, integrante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), sostuvo que “en Argentina las pymes pagamos 2,8 veces, casi 3, que lo que paga una equivalente en Estados Unidos, y 2,55 veces lo que una europea”, y opinó que “la única justificación para los tarifazos es la voracidad de los empresarios amigos del gobierno para cobrar lo que cobran”.

Luego de esta primera presentación de las distintas posturas en torno a las tarifas, el Enargas decidirá antes de fines de marzo qué monto será el aplicable al nuevo cuadro tarifario.