A menos de una semana del violento operativo contra el “verdurazo” cuyas imágenes estremecieron al país, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires volvió a reprimir una protesta de trabajadores en las calles aledañas al Congreso. En este caso, se trató de un “cuadernazo” realizado por la cooperativa gráfica Madygraf (ex Donnelley) en denuncia de una operación del macrismo para beneficiar a las grandes empresas del mercado gráfico.

A través de una maniobra irregular, el Ministerio de Educación que conduce Alejandro Finocchiaro dejó sin efecto la licitación de materiales escolares en la que la cooperativa había presentado todos los requisitos y ofertado el mejor precio.

“La licitación, realizada en diciembre, fue para la impresión de 3 millones de manuales escolares, que nos debería haber sido adjudicada por haber presentado el precio más bajo. Ahora nos enteramos que dieron de baja la licitación, reconociendo irregularidades propias del Ministerio de Educación, ya que perdieron las muestras que habíamos presentado de los manuales”, dijo a Contexto Jorge Medina, trabajador y vocero de Madygraf, instantes después de la represión que, según indicaron, provocó la propia Policía de la Ciudad.

Las muestras para la licitación fueron presentadas por la cooperativa el día 5 de diciembre. “Una semana después, llegó el sobre de las muestras abierto, de una oficina a la otra. Por eso, argumentaron que dieron de baja la licitación y abrieron una nueva, pero con las bases y condiciones cambiadas.”

Según Medina, en un comienzo se acordó que el Ministerio adelantaría los fondos para las impresiones, pero luego modificó la directiva para que el pago sea “contra entrega”, hecho que obligaba a la cooperativa a juntar de antemano 25.000.000 de pesos.

“Esa es una medida que deja afuera a todas las cooperativas y sólo puede beneficiar a las grandes empresas. En ese sentido, esta provocación de la policía seguida por una represión con gases y palos, es claramente una maniobra para ocultar la denuncia que estamos haciendo, que busca beneficiar a las grandes empresas”, expresó Medina.

La represión fue justificada por las autoridades debido al supuesto corte total de la intersección de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, hecho que no concuerda con el accionar de los manifestantes, quienes habían dejado libre un carril.

“Acá hay una situación de irregularidad y falta de transparencia del gobierno. Ahora nos exigen el dinero de arranque para insumos como tinta y papel, que están dolarizados. Esto es una industria que está en decadencia, como ya lo demostró el caso de AGR, y una empresa recuperada como nosotros necesita proteger sus puestos de trabajo”, dijo a Contexto Laura Noboa, trabajadora de Madygraf, presente también en la manifestación.

Represión al derecho a informar

Entre las cinco personas detenidas por la policía durante la represión, se encontraban dos trabajadores de prensa: el periodista de la cooperativa Cítrica, Juan Barrientos, y Bernardino Ávila, fotoperiodista de Página/12.

Ávila es el autor de la foto tomada durante la represión al verdurazo donde se observa una anciana que intenta recoger berenjenas mientras la policía avanza para reprimir. La imagen, de alto impacto visual, se hizo viral en instantes y recorrió todo el país durante los últimos días como postal de la brutalidad de aquella jornada.

Por esas detenciones, la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) convocó a la puerta de la fiscalía ubicada en Beruti N° 3345 de CABA para realizar un «camarazo» para exigir la inmediata libertad de Ávila y Barrientos.