Mientras Vidal arremete contra el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en el marco del inicio de la paritaria, los gremios recibieron un fuerte respaldo del peronismo de la provincia. Intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares de Unidad Ciudadana, del FpV y del PJ confluyeron en un plenario donde manifestaron su compromiso de “defensa de la educación pública” ante “la política de ataque de la gobernadora”. Fue durante un acto que se realizó ayer por la tarde en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados, en La Plata.

“Los gremios no están solos en la lucha”, fue el mensaje que sintetizó el encuentro, días después de la primera reunión paritaria donde el gobierno se comprometió a aumentar salarios acorde a la inflación oficial durante 2019 pero no dio señales de recomponer el poder adquisitivo de dieciséis puntos que perdieron los docentes durante 2018, un año signado por la devaluación del 100% y el proceso inflacionario del 47,6%, el más alto desde 1991.

Florencia Saintout (presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana-FpV-PJ): «Vidal propuso que los sueldos para los docentes iban a ser de 40.000 pesos y son los más bajos de Latinoamérica”.

La iniciativa de estos sectores del peronismo de confluir se sustenta en la prolongación de la crisis económica, que va de la mano en el plano educativo con la postura del gobierno de Vidal de construir un escenario de disputa con los gremios, convocando a mesas partidarias en los distritos para ratificar su rumbo y lejos de escuchar las demandas docentes de mayor inversión en infraestructura, comedores escolares y ayuda social.

Vidal echó más leña al fuego este año al desmantelar los equipos de formación docente, en línea con otras medidas de ajuste y antihuelga de 2018, como cierres de escuelas y cursos, pago de “premios” por no adherir a los paros o descuentos en los sueldos de aquellos que sí lo hagan.

“Para nosotros la educación pública es prioridad. Vidal propuso que los sueldos para los docentes iban a ser de 40.000 pesos y son los más bajos de Latinoamérica”, afirmó Florencia Saintout, presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana-FpV-PJ y una de las panelistas del encuentro.

La diputada provincial Florencia Saintout y presidenta del bloque UC-FpV

“Vidal es una gobernadora que cree que los pobres no pueden llegar a la Universidad, y es por eso que destruye la educación”, señaló Saintout. “Prometió miles de jardines y aún no inauguró ninguno”, agregó.

“Hoy es un día más de lucha de las tantas que nos quedan dar. Cada maestro que lucha está enseñando, y es eso lo que queremos para nuestros hijos y para nuestro pueblo”, concluyó.

Junto a ella, en la mesa estuvieron la diputada nacional Laura Alonso; Mario Oporto, exdirector general de Escuelas bonaerense; Roberto Crovella, presidente de la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas (UCEJ); y por la representación docente, Silvia Almazán, secretaria general adjunta de Suteba; Julieta Escande de la FEB; Rodrigo Miguel de Sadop; César Medida de AMET; y Alejandro Salcedo, de Udocba.

Participaron también los diputados Walter Abarca, Miguel Funes, Susana González y José Rossi; las concejalas Lorena Riesgo y Victoria Tolosa Paz; concejales y consejeros escolares de cincuenta distritos bonaerenses; y adhirieron una decena de jefes comunales.

Los participantes hicieron hincapié en la importancia de empezar las clases el seis de marzo para no tener un ciclo lectivo discontinuo como en 2018, cuando se perdieron casi treinta días de clase porque los salarios corrieron siempre detrás de la inflación y en un contexto donde las escuelas en muchos distritos, como La Plata y Moreno, estuvieron cerradas por sus deplorables condiciones edilicias.

Para encontrar soluciones a las demandas educativas, legisladores y concejales instaron a los Concejos Deliberantes de los distintos distritos de la provincia a llamar a sesiones extraordinarias para el 27 de febrero a fin de tratar tres proyectos. Uno de declaración para que las clases inicien el seis de marzo “sin pretextos ni dilaciones”; la creación de comisiones especiales dentro de los Concejos Deliberantes que monitoreen el estado de infraestructura escolar y el avance de la paritaria; y declarar la Emergencia educativa en los distritos más críticos.

“El año pasado fue una catástrofe educativa”, remarcó Oporto, quien pidió conformar “mesas multisectoriales” para apoyar los reclamos docentes. “Hay que estar alertas para que sean todos los sectores de la comunidad los que defiendan la educación pública y que no sea un enfrentamiento entre la gobernadora y algunos de los dirigentes gremiales”, convocó el exministro

“Estar en las escuelas el 6 de marzo no depende sólo de los docentes. Depende fundamentalmente de la decisión política de Vidal, que busque respuestas al salario y las problemáticas educativas que devienen del ajuste”, dijo Almazán, resumiendo la posición de los gremios.

Además de lo salarial, los sindicatos piden ayuda social ante el aumento del 56% de la canasta escolar en los comercios de la provincia de Buenos Aires en relación con el año pasado, según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Y frente a un escenario de continuación de alta inflación: en febrero fue del 2,9%, según el INDEC, estimulada por los tarifazos en el transporte y los servicios.

Mario Oporto (exministro de Educación bonaerense): “Hay que estar alertas para que sean todos los sectores de la comunidad los que defiendan la educación pública».

Los legisladores de la bancada de Saintout destacaron la reciente presentación de un proyecto de ley para crear la Comisión Bicameral Especial para el seguimiento de la paritaria docente, que permitiría su mediación en la negociación. Y también pidieron que el oficialismo destrabe en el Senado, donde es mayoría, la Ley de Emergencia Edilicia, que tuvo media sanción el año pasado en Diputados tras las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Este proyecto apunta a que el gobierno accione en el sentido de restablecer las condiciones de seguridad para trabajadores y alumnos en los establecimientos educativos y garantizar el efectivo funcionamiento de los servicios.