Por Pablo Pellegrino

Comodoro Py está que arde. En sentido literal: el miércoles se activó la alarma de incendios en el edificio de los Tribunales Federales. Y en el metafórico: el estruendo que generó la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli por extorsión sigue sumando escándalos.

Un día después del requerimiento que el juez de Dolores hizo al procurador general de la Nación para que intervenga en la investigación que se sigue por la presunta extorsión contra un empresario agropecuario señalado en la denominada «causa de los cuadernos», el jefe de los fiscales rechazó el pedido para investigar a Stornelli en una escueta carta en la que explica que es la jurisdicción del magistrado la encargada de realizarla.

“No es función del procurador general de la Nación realizar las medidas” pedidas por el magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla, dijo Eduardo Casal, y le pidió al juez que le haga saber si algún miembro del Ministerio Público Fiscal está imputado en la causa. Al mismo tiempo, sostuvo que a pesar de no intervenir «se brindará la colaboración necesaria a la investigación penal”.

Antes de la decisión del procurador general, la Justicia realizó un nuevo allanamiento a la casa del supuesto agente de la DEA, el abogado Marcelo D’Alessio, encargado de la extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest. Armas de alta tecnología, identificaciones de la DEA y remeras del FBI, además de artefactos para actividades de inteligencia, fueron algunos de los objetos incautados en el primero de los allanamientos, que se realizó en su casa del country Saint Thomas Este en Canning.

El día anterior al segundo allanamiento, según detallaron Irina Hauser y Raúl Kollman en Pagina/12, D’Alessio se presentó en el juzgado Penal Nº 2 donde declaró ser objeto de una persecución y manifestó que todo lo revelado por Etchebest se trataba de una investigación que estaba haciendo a pedido de dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia.

Otra vez, escuchas ilegales

La diputada nacional del interbloque Cambiemos, Elisa Carrió, fue la primera en realizar una defensa del fiscal. Antes de que trascendiera en los medios, la líder de la Coalición Cívica (CC) anunció en sus redes sociales que el juez Ramos Padilla “estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli”.

Luego, su par Paula Oliveto, de la misma fuerza, denunció que todo se trató de una operación que orquestaron desde la cárcel exfuncionarios del kirchnerismo investigados en la causa de los cuadernos, particularmente Roberto Baratta. Como prueba, desde la CC ofrecieron transcripciones de escuchas telefónicas que se realizaron en el penal de Ezeiza donde conversan el propio Baratta y otro funcionario detenido, el exministro de Transporte Juan Pablo Schiavi.

Según la versión de Carrió, el diálogo de los detenidos da cuenta de que la “operación” se planificó desde los pabellones de esa penitenciaría y estaría involucrado también el extorsionador D’Alessio, que, según la diputada, le “hicieron pisar el palito a Stornelli”.

A pesar de haber anunciado el fin de la “operación” contra el fiscal, las escuchas tienen muy poco valor: en el caso de Baratta, la conversación con el exfuncionario Carlos Zelkovicz se produjo el 1º de febrero, cuatro días después de presentada la denuncia, lo que no daría indicios de un “armado”; la otra charla, de Schiavi con el exembajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, se produjo el 17 de enero –antes de la denuncia de Etchebest–, pero tampoco hay señales de una estrategia que derive en el encuentro de Stornelli con D’Alessio y Etchebest en el balneario CR de Pinamar.

A raíz de la denuncia de Carrió, el gobierno enfrenta ahora un nuevo escándalo de escuchas ilegales, similares a las que se conocieron en 2017 de Cristina Fernández de Kirchner.

El problema surge porque la intervención de los teléfonos del penal fue ordenada por un juez de Lomas de Zamora que investiga una causa por narcotráfico contra Mario Segovia, denominado “el rey de la efedrina”. La ley indica que todo material recabado que no atañe a esa investigación, como en este caso las escuchas de Baratta y Schiavi, debe ser destruido.

En un intento de minimizar el escándalo, la diputada explicó que las transcripciones le llegaron en un sobre anónimo. Flaco favor le hizo a Stornelli la defensa de Carrió: Mateo Nicolás Stornelli, hijo del fiscal, trabaja como “escribiente” en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCo), encargada de realizar las intervenciones telefónicas y posteriores transcripciones, según reveló el portal El Disenso.

En medio del papelón, el senador Marcelo Fuentes (Unidad Ciudadana) y los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau (FpV-PJ) pidieron al presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que cite a los titulares de la DAJuDeCo, Martín Irurzun y Javier Leal, y al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, “a los fines de que aporten la información relativa al protocolo y cadena de custodia que se ejecutó respecto de las interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la causa 41475/16″ (la causa por narcotráfico que desencadenó las escuchas).

“Asimismo que informen las identidades de los agentes que realizaron las escuchas y las correspondientes transcripciones, que informen y aporten toda la información relativa al caso ‘Aguape III’ que conste en los organismos referidos, y que informen qué funcionarios participaron de la redacción y/o tuvieron conocimiento de los ‘informes preliminares’ referidos”, exigieron los legisladores.

El agente huérfano

Nadie se quiere hacer cargo del otrora “especialista en narcotrafico y terrorismo” Marcelo D’Alessio.

Asiduo columnista del diario Clarín en temas de seguridad, el editor del gran diario argentino, Ricardo Roa, bautizó al extorsionador como “abogado trucho y fabulador”, y sostiene que “se vende como especialista en seguridad”, mote que el propio Clarín le asignó en varias oportunidades al ahora «trucho y fabulador» D’Alessio.

La teoría de Roa no dista mucho de la que eligió Elisa Carrió para desmontar la supuesta operación contra Stornelli: D’Alessio, ahora, sería kirchnerista.

Como bien sintetizó el periodista Sebastián Fernández en su cuenta de Twitter: “Al parecer, Marcelo D’Alessio, panelista de Animales Sueltos, columnista de Clarín, amigo de Stornelli y Santoro, agente de la DEA y sobrino de Carlos D’Alessio, escribano general del gobierno designado por Macri, sería en realidad un operador K. El kirchnerismo es imparable”.