Por Pablo Pellegrino

Por los millonarios contratos que la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, mantiene con empresas privadas para vuelos oficiales, mientras la mayoría de las aeronaves de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial (DPAO) están fuera de servicio por falta de inversión, diputados de la oposición realizaron un pedido de informes a María Eugenia Vidal sobre los costos, la frecuencia y los motivos por los que se realizaron esas contrataciones. Esos viajes y el abultado desembolso de dinero fueron publicados por Contexto durante diciembre pasado. 

Al mismo tiempo, los legisladores de Unidad Ciudadana-FpV/PJ le pidieron al gobierno que explique los posibles vínculos entre la mandataria provincial y los empresarios que prestan esos servicios, y los motivos del traspaso de la DPAO de la órbita de la Secretaría General a Seguridad, cartera que conduce Cristian Ritondo.

El pedido tiene, entonces, dos aristas centrales: los millonarios pagos a empresas privadas para realizar vuelos oficiales, entre ellos, el traslado de la gobernadora de la ciudad de La Plata a su residencia en la Base Aérea de Morón; y por el otro, el virtual vaciamiento al que es sometido desde el inicio de la gestión de Cambiemos el organismo provincial encargado, no sólo de vuelos oficiales, sino de vuelos sanitarios por todo el territorio provincial.

El 1º de diciembre pasado, este medio publicó la primera de una serie de notas que dan cuenta de los enormes gastos que demanda el traslado de la gobernadora en helicópteros privados. Ese artículo daba cuenta de los traslados que en ese momento realizaba la empresa Jas Fly, propiedad de un empresario contratista de obra pública.

Además, el secretario de Interior de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas explicaba que la DPAO se encontraba hasta 2017 bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, pero para evitar la sindicalización de los trabajadores y medidas de fuerza que pudieran complicar a Vidal, el organismo pasó de Ritondo. “Si los trabajadores deciden hacer un paro, no importa, porque tiene a los pilotos de la Policía bonaerense para volar”, había dicho en aquella oportunidad el dirigente.

Cuatro días después, el 5 de diciembre, Contexto detectó, a través de la aplicación web FlightRadar24, que dos helicópteros Bell 407 con matrículas LV-CZY y LV-FTQ habían realizado nueve vuelos en una semana que pasaron por la residencia que la gobernadora instaló en Morón. Sólo el 4 de diciembre de 2018, una de las aeronaves pasó cinco veces por la base militar.

Entre las millonarias contrataciones que este medio reveló figura la Nº 3/18 del Ministerio de Seguridad, a través de la cual se contrató a tres firmas para servicios de transporte aéreo por cerca de diez meses. La empresa más beneficiada fue Beech Flying, del empresario Leonardo Spokojny, hermano del joven Joaquín Spokojny, que fue secretario de Mauricio Macri al comienzo de su gestión, a la que se le adjudicaron más de 51 millones de pesos por el alquiler de las aeronaves.

Las otras empresas que ganaron esa licitación fueron la mencionada Jas Fly y Baires Fly, por un monto de poco más de 20 millones en el primer caso, y 1.663.200 en el segundo. Los más de 71 millones de pesos que implicó esa contratación representan un gasto de casi 250.000 pesos diarios.

Los legisladores fundamentan el pedido de informes en las denuncias que los propios trabajadores de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial realizaron y las revelaciones periodísticas acerca de los posibles vínculos del gobierno de Cambiemos con las empresas beneficiarias.

En el documento señalan que, si bien las contrataciones directas que se detectaron son permitidas en el marco de las leyes de emergencia de rubros específicos, “es menester llevar un control exhaustivo de los fines de tales contrataciones para evitar transgredir so pretexto de situación de emergencia procedimientos establecidos legal y reglamentariamente”. En ese sentido, señala que en el marco de la dictada emergencia, el Ministerio de Seguridad está habilitado para realizar la contratación directa de distintos servicios para los fines que fue dictada la emergencia, pero no para el traslado de la gobernadora.

Los diputados mencionan también la posibilidad de que se viole la Ley de Ética Pública de la Provincia de Buenos Aires, como así también se incurra en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La medida de la bancada que conduce Florencia Saintout llega luego de la denuncia penal de Sergio Hugo Poggi. 

Vidal está acusada por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por residir en la base militar de Morón cuando la ley sostiene que el gobernador debe vivir en La Plata, y también por los costosos traslados diarios en helicóptero que demanda.