Un nuevo informe volvió a poner el foco sobre el grave deterioro en materia de vivienda e infraestructura que atraviesa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras doce años de gobierno macrista. Es que, según un informe del Observatorio de Derecho a la Ciudad, unos “400.000 habitantes de las villas porteñas no cuentan con la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad”.

Según estimaciones divulgadas por la coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis, el promedio indica que “1 de cada 7 porteños no tiene garantizado el acceso al agua potable”. El dato suma un nuevo elemento a la larga lista de problemas en la calidad de vida que vive una parte importante de la población de la ciudad de Buenos Aires, hoy a la deriva después de dos períodos de Mauricio Macri y uno de Horacio Rodríguez Larreta

Maluca Cirianni (referente de la organización social La Boca Resiste y Propone): “El Gobierno de la Ciudad es de una insensibilidad voraz, al que Sólo parece interesarle los negocios inmobiliarios”.

El informe de Koutsovitis se vio motivado por un caso ocurrido en la Villa 21-24 –barrio de la Comuna 4– a mediados de enero, cuando “un fuerte olor cloacal en el agua corriente se hizo presente en numerosas viviendas de las manzanas 16, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, por lo que la cátedra acudió a constatar la calidad del agua de consumo”. Allí, la coordinadora de la cátedra indicó que “la totalidad de las muestras analizadas corroboró que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable.

Cabe recordar que la Comuna 4, signada por la presencia del Riachuelo y la integración de barrios históricos como La Boca y Barracas, es uno de los focos de mayor precarización habitacional y represión policial, en sintonía con fuertes intereses inmobiliarios, fogoneados en muchos casos por el Gobierno de la Ciudad. Con unos 50.000 habitantes, la Villa 21-24 permanece desde hace ochenta años.

“El Gobierno de la Ciudad es de una insensibilidad voraz, al que sólo parece interesarle los negocios inmobiliarios. En la zona de La Boca y alrededores, que es un importante foco de gentrificación, se han producido cuatro incendios en febrero debido a la precariedad de las viviendas. Las familias quedan en la calle”, dijo a Contexto Maluca Cirianni, referente de la organización social La Boca Resiste y Propone, que en los últimos años se dedicó a visibilizar los problemas estructurales en los sectores más relegados de esa zona.

Durante 2017, La Boca fue seleccionada por un organismo internacional como una de las principales ciudades del mundo afectadas por la gentrificación –desplazamiento de la población más humilde de un barrio para destinar la zona a grandes emprendimientos inmobiliarios–, hecho que le valió advertencias y recomendaciones a Rodríguez Larreta.

En tanto, la situación ahora visibilizada en la Villa 21-24 vuelve a poner la lupa sobre el abandono de la gestión del gobierno sobre la población más vulnerable.

“No es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado, es frecuente que de las canillas de los hogares no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos”, expresó Koutsovitis.

Koutsovitis: “Es frecuente que de las canillas de los hogares no salga agua o el agua que sale tenga olor cloacal, color amarillo y sedimentos”.

Además agregó: “La profunda desigualdad en el acceso a los servicios públicos requiere de adecuadas políticas que garanticen el derecho humano al agua potable en los barrios populares: relevamiento y documentación de la infraestructura existente, control periódico de la calidad del agua de consumo, planes de contingencia consensuados con la comunidad para abordar las emergencias y la prestación de servicio por parte de AySA SA”.

Cabe destacar que la Ley de la Ciudad Nº 3.295 reconoce como un derecho humano el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y domésticos.