Tras la denuncia presentada en noviembre por cuatro diputados nacionales del FpV-PJ, la Justicia Federal imputó a Mauricio Macri y a los exministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel por haber buscado vender “a un precio vil” las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. Esas privatizaciones habían sido establecidas por el Decreto N° 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente.

En la denuncia, los diputados Rodolfo Tailhade, Fernanda Vallejos, María Emilia Soria y Adrián Grana habían advertido de las negociaciones “irregulares” que “habrían derivado en un perjuicio patrimonial del Estado” para favorecer a empresarios ligados al presidente Mauricio Macri. En particular, a su amigo y cónsul en Singapur, Nicolás Caputo. En tanto, su primo Ángelo Calcaterra, extitular de Iecsa, la histórica empresa constructora del Grupo Macri, también está involucrado.

En total, los diputados del FPV-PJ denunciantes estiman que serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las dos centrales.

Ayer se conocieron las empresas que preclasificaron en las licitaciones de ambas centrales. Central Puerto, propiedad de Nicolás Caputo, fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López, mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto. Serían las primeras privatizaciones de la era Macri.

La presentación de los legisladores kirchneristas señala que la central Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. Mientras que para Brigadier López la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, los diputados estiman que serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real.

“¿Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán– y 110 –Brigadier López– millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, cuestionaron los denunciantes.

Tras conocerse que las centrales quedarían en esas manos, Tailhade tuiteó: “Si se investiga por corrupción a Macri, Iguacel y Aranguren, es de suponer que la Secretaría de Energía suspenderá la adjudicación de las dos centrales termoeléctricas al mejor amigo del presidente, Nicky Caputo”.

Ensenada de Barragán y Brigadier López fueron construidas durante el gobierno kirchnerista, con fondos públicos, para subsanar el déficit eléctrico. “Anhelamos que la Justicia ponga límites a la impunidad de este gobierno y de los grupos económicos que históricamente se beneficiaron con negociados en detrimento del Estado, en este caso, con una privatización fraudulenta de activos estratégicos cuya inversión fue financiada con el esfuerzo de los argentinos por el Estado nacional”, sostuvo Vallejos.

La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita. Además de Macri, Aranguren e Iguacel, están siendo investigados Calcaterra; el presidente de Ieasa –la ex Enarsa–, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; y el expresidente de Enarsa, Hugo Balboa.

Otras irregularidades

Además de denunciar la venta por un precio menor al de su costo de construcción, la medida cautelar remarca otras irregularidades durante el proceso licitatorio que favoreció a Caputo. Iecsa, en su momento conducida por Calcaterra, había ganado la licitación para la construcción de las centrales, pero no finalizó las obras y fue indemnizada por el Estado con 1.600 millones de pesos.

TaIlhade: “Si se investiga por corrupción a Macri, Iguacel y Aranguren, es de suponer que la Secretaría de Energía suspenderá la adjudicación de las dos centrales termoeléctricas”.

El otro punto de la denuncia es que a su vez los imputados Brusco y Piccinini trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el Grupo Macri, y a fines de 2017 desembarcaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa. Los diputados sostienen en este sentido que esos dos empresarios estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó 1.600 millones de pesos a Calcaterra.

Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al presidente”.